Los puntos negros de la gestión migratoria del Gobierno en Canarias

Tanto el Ministerio del Interior como el de Migraciones. Tanto Fernando Grande-Marlaska como José Luis Escrivá rechazaron tajantemente hace menos de un mes realizar traslados desde Canarias hacia el territorio peninsular. El objetivo era evitar el efecto llamada. Las semanas pasaron desde sendos anuncios y la vía de los hechos ha desmentido la versión oficial: se están haciendo traslados a Península y a buen ritmo .

Como ha informado ABC, desde enero y de manera creciente, ya han salido más de 2.200 «sin papeles» de las islas hacia destinos como Valencia, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Granada, Huelva, Málaga o Sevilla, pese a que el ministro Escrivá circunscribió estas reubicaciones a casos excepcionales.

La pandemia ha incrementado los controles en estaciones, aeropuertos y terminales marítimas. Si un ciudadano español quiere ir unos días de vacaciones a Canarias, debe presentar en su hotel un certificado que garantice que no tiene coronavirus. Por ello, llama la atención que en plena pandemia se sucedan los viajes de «sin papeles» desde Canarias a otras zonas del territorio nacional.

La explicación está en que la mayoría de los inmigrantes son marroquíes que han accedido a territorio nacional con su pasaporte. Si no son deportados a su país de origen, las fuentes consultadas explican que pueden ser trasladados a otros puntos del territorio nacional. Además, nada más llegar fueron sometidos a pruebas diagnósticas de coronavirus. Sin estos dos requisitos, no pueden salir de las islas.

Otra de las incógnitas que se ha despertado al calor de las reubicaciones es una habitual en estos casos: ¿quién paga el billete de los migrantes? Desde el Gobierno ningún gabinete asume el pago, tampoco lo reconoce Interior.

En la crisis migratoria del año 2018 en el litoral andaluz se dio una situación similar. En aquella ocasión los inmigrantes reubicados no subían a aviones, sino a autobuses. Llegaban a la estación trasladados por la policía en furgonetas, de las que se bajaban con el billete debajo del brazo y sin apenas dinero.

La imagen con la que explotó el polvorín migratorio fue la de 200 inmigrantes saliendo, custodiados por la Policía, del sobrecargado muelle de Arguineguín (Gran Canaria) el 17 de noviembre. En un primer momento, el Gobierno no supo explicar quién había dado la orden de dejar a su suerte a este contingente de sin papeles, aunque después, Interior aclaró que esta suelta se produjo ante el riesgo de que los inmigrantes cayeran al agua si se producían más llegadas .

Sin embargo, no ha quedado claro si en aquel muelle, rebautizado por la alcaldesa de Mogán como el «muelle de la vergüenza», hubo personas que permanecieron más de 72 horas -el máximo legal permitido- bajo custodia policial o si, en una situación de hacinamiento, se respetaron las medidas sanitarias de prevención contra el coronavirus.

Los empresarios hoteleros de Gran Canaria estiman que siguen quedando unos 7.000 inmigrantes irregulares hospedados en hoteles turísticos de las islas . Están ahí porque el archipiélago no tiene suficientes plazas de atención humanitaria para darles acogida. El Gobierno, hace varias semanas, prometió carpas y más recursos asistenciales para dar una atención digna a las «sin papeles», pero la realidad es que algunos continúan accediendo a establecimientos turísticos.

Hay otra evidencia en este punto: si los inmigrantes están saliendo de Canarias hacia la Península es porque los recursos asistenciales, de uno u otro tipo, están desbordados en el archipiélago y los cupos para realizar deportaciones a los países de origen tampoco son suficientes.

El Gobierno ha manifestado semanas atrás que, tras la oleada de pateras, se están llevando a cabo procedimientos de deportación y que países como Argelia, Marruecos o Mauritania están empezando a admitir a aquellos ciudadanos del país que penetraron de forma irregular en España.

No obstante, poco se sabe del número total de inmigrantes deportados a todos estos países y si el volumen es suficiente para contrarrestar las llegadas o aliviar los servicios asistenciales. Estas devoluciones, habitualmente, se realizan mediante acuerdos bilaterales que no permiten devoluciones masivas, sino más bien devoluciones en pequeños cupos.