El PSOE amenaza al PP con no apoyar la reforma de la Justicia

Un acuerdo que pretende contar con tres grandes ejes de reformas : normativas, tecnológicas y administrativas -incluyendo el cambio de instrucción de jueces a fiscales- que solo serán si posibles si el Gobierno lanza una elevada oferta anual de plazas para los tribunales. Las cuatro grandes asociaciones de jueces con las que Robles se reunió esta semana en la Cámara Baja reclaman la creación de 1.000 plazas, a razón de 250 nuevos puestos al año durante los próximos cuatro ejercicios. La portavoz socialista compartió esta estimación y consideró «necesario» este número de plazas. «Los juzgados están completamente colapsados de trabajo. No es aceptable que un Gobierno que dice que está colaborando mucho con la Justicia solo presupueste 65 plazas de jueces y 35 plazas de fiscales. No se cubra ni la tasa de reposición », advierte.

Junto a la falta de medios, los socialistas apuntan también a otro obstáculo para llegar a este acuerdo; la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del Fiscal General, José Manuel Maza , por el Pleno del Congreso. El portavoz socialista del ramo, Juan Carlos Campo, advirtió ayer que su grupo no puede obviar que ambos deberían haber sido ser cesados por el Gobierno. Y Robles tiró por tierra la labor de la subcomisión al equipararla a «una especie de cortina de humo (del Gobierno) para ganar tiempo y no resolver los problemas». En esta línea adelantó que su grupo solicitará la comparecencia de Catalá en el Congreso para que informe sobre las medidas que va a adoptar ante el colapso de los tribunales.

Los populares reconocen la necesidad de medios en los tribunales pero advierten de que no se puede condicionar el Pacto a ello. La reforma de la Justicia, alegan, tardará años en implementarse y es necesario ponerla en marcha cuanto antes para evitar más retrasos. La oferta de plazas, en cambio, es negociable cada ejercicio. La portavoz popular de Justicia, María Jesús Moro, contestó así ayer a Robles con otra advertencia. «El planteamiento del PSOE tiene un coste para la Justicia, cuyos problemas no se resolverán si no se apoyan medidas normativas, presupuestarias y organizativas. No se puede justificar el no por el no y tendrán que dar muchas explicaciones a las propias asociaciones de jueces y fiscales que nos exigen que hagamos nuestro trabajo y acordemos ya la reforma».

La mayor oferta que realiza en este momento el PSOE es el establecimiento de acuerdos concretos sobre las distintas áreas sobre las que exista consenso en el Pleno del Congreso: el desarrollo de la planta judicial, la reforma del indulto o de la mediación obligatoria. Pero a ojos de Moro esta oferta no sólo es insuficiente para resolver los actuales problemas de la Justicia sino que puede ser contraproducente porque «introducirá inestabilidad en el sistema». La transformación que se realice «debe ser es global y no cortoplacista, o lo pagará la institución», ha remachado.