El programa de Podemos asalta las tripas del poder del Estado

Pablo Iglesias plantea en su documento lo que denomina como «correcciones urgentes a la estructura del Estado». En este apartado, además de determinar la estructura ministerial del nuevo Gobierno, plantea el «análisis de las responsabilidades estratégicas de las estructuras del Estado». Una evaluación en la que habrían identificado hasta 79 altos cargos que por su «especial relevancia en la ejecución de las políticas públicas que deben acordarse en un futuro Gobierno exige un consenso» en la elección de dichos cargos.

La gran mayoría son ya puestos que son elegidos por el Gobierno o el Parlamento, pero la novedad es que en su documento se plantea que estas personas serán elegidas atendiendo a criterios de mérito pero en los que será fundamental que estén «comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio».

Entre estos cargos «comprometidos» estaría el gobernador del Banco de España, el Fiscal General del Estado, el director del CIS, el del CNI y el director general de la Policía. Pero también, por ejemplo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Llama también la atención que entre dichos cargos también figuran algunos de índole diplomática, pero no se sigue un patrón fijo. Por ejemplo, no se plantea que todos los embajadores tengan que tener ese compromiso, pero sí se le exige a uno: el embajador en Washington.

También aparecen en esta lista el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Es decir, los principales organismos reguladores del país. Tampoco dice el documento que ese «compromiso» con el Gobierno del cambio deban tenerlo todos los secretarios de Estado. Pero sí el secretario de Estado de Educación o el secretario de Estado de Seguridad.

Podemos plantea en su documento un apartado para el fomento de la plurinacionalidad. Una búsqueda que no solo plantean en meros términos legales o políticos, sino que pretende promover esos cambios desde el ámbito educativo. Para ello propone la « revisión de los contenidos educativos en las materias de historia y ciencias sociales para integrar una visión plurinacional del proceso de construcción y ordenación del Estado, con el objetivo de superar la visión homogeneizadora de la historia de España». Detrás de este párrafo subyace la intención de construir un relato sobre los acontecimientos del pasado que contribuyan a la consolidación del ideal de España como «nación de naciones». Para ello desarrollarían también la «promoción de elementos simbólicos que faciliten el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado en documentos oficiales». Lo que desde sus socios catalanes de En Comú Podem ya han especificado que significaría que en los nuevos DNI se especificase un nuevo apartado que rezase «nacionalidad: catalana».

Pablo Iglesias pretende asumir una vicepresidencia política que le dotará de múltiples funciones. El factor más novedoso es la creación de una Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado que dependería directamente de esa vicepresidencia. Detrás de la aparente idoneidad de esa estructura, dados los múltiples casos de corrupción, a ese nuevo ente se le otorgaría la competencia de «coordinación» de aquellos agentes de la Administración implicados en la investigación de la corrupción. Agentes que el propio documento no duda en recoger: policías, fiscales, jueces y órganos fiscalizadores de la Administración.

Para cumplir los fines anteriormente expuestos, plantea que inmediatamente por debajo de Iglesias y del secretario de Estado haya un director general al mando de una unidad adscrita de investigadores conformada por miembros de la Policía, la Guardia Civil, Hacienda y Aduanas. El documento contempla que esa unidad actuaría como una «auténtica política judicial» con dependencia funcional (no orgánica) «de forma que permita tener el control de las investigaciones policiales que en cada instrucción o procedimiento penal deban realizarse, así como el control directo de medios personales y materiales aplicados». Esta nueva unidad dependiente en último término del vicepresidente acapararía competencias que ahora dependen del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda.

Entre las propuestas de Podemos hay algunas que contemplan mayor internacionalización, como crear un Parlamento de la UE, con otras que supondrían un retroceso en los compromisos internacionales. Plantea una muy vaga aproximación al deseo de lograr una «mayor autonomía de España y de Europa en la OTAN», así como el rechazo al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).

Pero además plantea medidas de dificil aplicación dentro de la estructura europea. La primera es la reestructuración a través del BCE de las deudas públicas que superen el 60% y también plantean medidas que incumplen doctrinas de la UE, como establecer cuatro tipos de IVA, algo que no está permitido según una normativa europea.