Preocupación en los jueces por que Sánchez dé a Torra el control del poder judicial

Conscientes del riesgo que entraña para el principio de igualdad la posible creación de Consejos del Poder Judicial Territoriales, la Asociación Francisco de Vitoria , la segunda en número de afiliados, ha hecho llegar un documento a los partidos que conforman el arco parlamentario expresando su «total oposición» a esta idea . A su juicio, estos consejos territoriales son «absolutamente innecesarios» y «sólo pueden conllevar efectos negativos, pues suponen una fragmentación indirecta del Poder Judicial a través de nuevos órganos de gobierno del mismo».

En el documento, al que ha tenido acceso ABC, esta asociación advierte de que incrementar las facultades de las Comunidades Autónomas en la Administración de Justicia «puede redundar en diferencias de trato entre los españoles, atentando contra el principio de igualdad» . Recuerda que la transferencia de competencias en materia de la Administración de Justicia a las Comunidades Autónomas ya ha supuesto, de hecho, la «existencia de injustificables diferencias» entre territorios en las dotaciones e instrumentos de personal, de medios auxiliares (como gabinetes de psicólogos) o de sistemas de digitalización. «Solo la unidad del Poder Judicial ha permitido que en las resoluciones judiciales dichas diferencias sean inexistentes. La unidad del Poder Judicial es salvaguarda del principio de igualdad de todos los españoles», avisa Francisco de Vitoria.

La preocupación que hay en la carrera judicial es que bajo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que va a impulsar el ministro Juan Carlos Campo -y que va a suponer un nuevo modelo territorial de Justicia-, se oculte una concesión a los independentistas, una reivindicación histórica que se plasmó en su momento en el Estatut y que el Tribunal Constitucional tumbó en 2010 . El texto presentaba al Consejo de Justicia de Cataluña como un órgano de gobierno del poder judicial desvinculado del CGPJ, una idea que rescató en 2017 la declaración de Barcelona, el último documento orgánico en política territorial en el que los socialistas defienden una reforma constitucional que reconozca el carácter plurinacional de España. Ese texto, que Sánchez aireó hace solo tres meses, en la campaña electoral del pasado diciembre, apostaba por «la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial».

Aunque fuentes próximas al titular de Justicia aseguran que no está en los planes de su departamento la creación de estos consejos de justicia territoriales -no se ha referido a ellos en ninguna de las reuniones que ha mantenido con asociaciones, operadores jurídicos y CGPJ-, lo cierto es que el escenario de negociación del Ejecutivo con quienes le sustentan en el Gobierno ha reavivado el temor a que Sánchez ceda y acabe imponiendo su criterio contra la voluntad de Campo.

El exministro de Justicia Francisco Caamaño, con quien Campo fue secretario de Estado, sí quiso poner en marcha estos consejos de justicia territoriales , lo que le valió el reproche público del entonces presidente del Supremo, el fallecido Carlos Dívar, en plena apertura del Año Judicial en 2010. En presencia del Rey y del propio Caamaño, Dívar criticó la pretensión del Gobierno de conceder la supremacía a los tribunales superiores de justicia en detrimento del Supremo.

Y es que si tener el control de la justicia ya era una prioridad para el independentismo cuando se redactó el Estatut, la acción de los tribunales en los últimos años dinamitando el «procés» -a golpe de suspensión, declaración de inconstitucionalidad o condenas- ha convertido el control de esta estructura en una pieza básica. No hace falta recordar que personajes como el suspendido juez Santiago Vidal, artífice de la «Constitución de la república catalana» y luego senador con ERC , confesó que en el sistema judicial de Cataluña no se podía «aprovechar nada» y que 200 ó 300 jueces de los 800 que ejercen en esa comunidad se tendrían que ir «fuera» «cuando se cree el nuevo Estado».

Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) recuerdan que el artículo 122 de la Constitución establece un solo Poder Judicial en toda España y se refiere al Consejo General del Poder Judicial como el órgano de gobierno del mismo y «el único competente en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario» de los jueces y magistrados, que forman un Cuerpo único. Fuentes de esta asociación reconocen que les preocuparía la creación de esos consejos si se les dota de funciones que la Constitución niega , porque eso «nos obligaría a mover ficha». «Y si se crean para encargarse de cuestiones del día a día (recursos tecnológicos o materiales, servicios comunes o mediación) entonces no tendría sentido porque para eso ya están las comisiones mixtas».

Desde el CGPJ ven «muy perjudicial» la mera creación del Consejo de Justicia Territorial. «Es como poner una pica en Flandes -dicen- porque una vez creado el órgano empezarán a dotarlo de funciones y no habrá marcha atrás. Querrán “territorializar” las oposiciones, crearán ellos las ternas con candidatos propuestos por el Parlament (...) Es meter la política en el ámbito doméstico del Poder Judicial, meterse en la cocina de los jueces», señalan fuentes del órgano.