Agente de la Guardia Urbana de Barcelona
Agente de la Guardia Urbana de Barcelona - Pep Dalmau

El PP reclama al Gobierno el envío de policías y guardias civiles a Barcelona por la crisis de seguridad

La portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, exige que el Ejecutivo actúe ante la «banalización» del problema por parte de la alcaldesa Ada Colau

MadridActualizado:

Solo entre julio y agosto se han producido nueve crímenes violentos en Barcelona. En lo que va de año, ya son doce los asesinatos en la Ciudad Condal —los mismos que en todo el año pasado— y hasta ahora la alcaldesa Ada Colau únicamente ve «hechos puntuales». Por ello, ante la falta de refuerzos en la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra, el PP ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a enviar policías y guardias civiles a la capital catalana.

Aunque la semana pasada el teniente alcalde de Seguridad en Barcelona, Albert Batlle, sí reconoció la «crisis de seguridad», el Ayuntamiento no ha tomado cartas en el asunto. Desde que Colau está al frente del Consistorio barcelonés, según los datos facilitados por el PP, hay una media de veinte delitos por hora, 365 hurtos al día y cuarenta robos con violencia.

Ante este aumento continuado de la violencia y la inseguridad, la diputada por Barcelona y portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y la portavoz popular en la Comisión de Interior, Ana Belén Vázquez, han registrado una proposición no de ley —iniciativa que no obliga al Ejecutivo a actuar, pero sí constituye una declaración de intenciones del Parlamento— para que sea el Gobierno central el que ofrezca una solución a los barceloneses.

El PP no es el primero en alertar de la «dejadez política» del Consistorio ante la crisis de seguridad. Ya lo ha hecho, por ejemplo, el sindicato Fepol de los Mossos d'Esquadra. Amén del refuerzo puntual de policías y guardias civiles, los populares creen que es necesario dotar de más medios personales y humanos a la Guardia Urbana y ofrecer apoyo institucional para garantizar el principio de autoridad.

También ve oportuno emprender reformas legales que garanticen la contundencia frente a la multirreincidencia, y reforzar los mecanismos de prevención de la delincuencia, como en los centros de acogida residencial de menores.