Los populismos chocan contra la legalidad de los CIE

Esa batalla de Colau es, por ahora, culminación de una larga campaña de denuncias de violación de derechos humanos que busca configurar una percepción de los CIEs como «guantánamos» donde se tortura y se mata, acusaciones que desde siempre han desplegado colectivos sociales de izquierdas, pero que ahora se han «institucionalizado» allí donde gobiernan los populismos. Así, amén de Barcelona, los Parlamentos catalán y de la Comunidad Valenciana y ayuntamientos «del cambio» como Valencia han aprobado resoluciones y mociones reclamando el fin de los centros de internamiento, textos en los que entidades municipales pretenden atribuirse para ello competencias en materia migratoria que, por otro lado, la Constitución atribuye en exclusiva al Estado (Artículo 149.1.2.).

En Algeciras, donde gobierna el PP, «Algeciras sí se puede» e IU han planteado sin éxito iniciativas similares y en Madrid, el equipo de Manuela Carmena desistió de hacer lo propio tras comprobar en diciembre que no tenía el respaldo del PSOE. Caso paralelo es el de las dos instalaciones activas ubicadas en Canarias (Las Palmas y Tenerife), de las que fue juez de control de garantías la luego diputada de Podemos Victoria Rosell, que durante su corta etapa en el Congreso pidió la clausura de los CIEs proponiendo alternativas como que, en vez del internamiento, a los extranjeros en trámites de repatriación se les adjuntara un «custodio personal».

Y es que la función exacta que justifica para la UE la existencia de estos centros es precisamente que sirvan de alojamiento durante el «mínimo tiempo imprescindible» a nacionales de terceros países «a efectos de su expulsión». Esto es, internan cautelarmente a personas en «riesgo de fuga» o que puedan «evitar o dificultar» su salida forzosa del país al que han entrado irregularmente, supuesto que se plantea simplemente ante la posibilidad de que pueda desconocerse el paradero del interesado.

Un informe del Defensor del Pueblo, enmarcado en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que fue presentado el miércoles en medio del pulso de Colau con Interior, revela que en 2015 ingresaron en los CIEs un total 6.930 inmigrantes en situación irregular, de los que 2.871 fueron repatriados, un 41,4%.

De esa misma estadística se deduce, por tanto, que más de la mitad, el 58,6% restante, permaneció en nuestro país, en principio debido a factores diversos como pueden ser la imposibilidad de acreditar su identificación y filiación.

La normativa europea se refiere a ese momento como el de la desaparición de «la perspectiva razonable de expulsión» y obliga a la inmediata libertad, un mandato que se cumpliría en España a juzgar por los datos disponibles, en la medida en que ni mucho menos se retiene a los extranjeros el periodo máximo de hasta 60 días que legalmente se puede prolongar la estancia, sino que la media el pasado año fue de 27,2 días.

En abril de 2015, el Tribunal de Justicia de la UE recordó a España que debe adoptar todas las medidas precisas para proceder a la deportación de inmigrantes sometidos a una decisión judicial o administrativa de retorno, - trámite para el que los CIEs son una herramienta fundamental- y que no podía sustituir las expulsiones por una multa, como se venía haciendo.

El régimen interno y funcionamiento de los CIEs está fijado en un reglamento de marzo de 2014 y el ya referido estudio del Defensor del Pueblo ha detectado carencias en algunos de ellos, como que «no existe presencia permanente médica» en el de Tarifa o tampoco «asistencia psicológica y psiquiátrica» en los que fueron visitados». Asimismo, el documento destaca que los inmigrantes están en ellos «conformes» con el «trato recibido» y con las «condiciones» de las instalaciones.

Los CIEs se crearon en España con la primera ley de extranjería de 1985, existen en en Italia, Francia o Bélgica y no tienen carácter penitenciario.

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