El Poder Judicial ya prepara su respuesta al desprecio del Ejecutivo y Legislativo

La convocatoria de este Pleno es el resultado de un escrito firmado por diez vocales que, como avanzó ABC el viernes, pidieron a Lesmes una reunión extraordinaria para «debatir» y «adoptar las medidas oportunas» respecto a la situación generada por la negativa de la Mesa del Congreso a solicitar informe de este órgano, de la Comisión de Venecia y a los actores interesados. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento del Consejo, la celebración de ese Pleno es obligada cuando la solicitan cinco o más vocales, como ha sido el caso.

No es la primera vez que el Consejo se reúne para preparar una respuesta a ataques de este tipo. En el último Pleno, en diciembre, se acordó precisamente dirigir un escrito al Congreso para solicitar ser oído, lo que la Mesa rechazó para sacar adelante su reforma lo antes posible. La mayoría de los vocales considera que este ninguneo a los jueces choca frontalmente con las recomendaciones de la UE y la jurisprudencia de su tribunal de justicia, para quienes cualquier modificación que afecte al «núcleo» esencial de las funciones del Poder Judicial tiene que contar con la opinión de los afectados.

Como adelantó ABC la semana pasada, la portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, presentó ayer un escrito de reconsideración de 18 páginas donde reclama a la Mesa del Congreso que dé marcha atrás en su mordaza a los jueces. El PP busca retratar al órgano rector del Parlamento y pide que se revisen las dos decisiones con las que la Mesa rechazó que los jueces y la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) informen sobre la reforma planteada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos.

La posibilidad de pronunciarse fue solicitada por la propia cúpula judicial. También por el PP en otro escrito rechazado por la Mesa hace unos días. El PP acusa a los partidos cogobernantes de cometer «fraude de ley» porque la utilización de la proposición de ley y la vía exprés supone, a su juicio, un «subterfugio» para esquivar los informes del CGPJ. «Es un atropello muy grave», explican, puesto que la Cámara debe garantizar la independencia del Poder Judicial.