Podemos acusa al juez García-Castellón de poner «en peligro el prestigio de la Justicia»

«Lo que hemos visto después de que se le hubiera reconocido la condición de perjudicado (a Iglesias) en el procedimiento; que se elevase al Supremo esta exposición razonada, hace que algunas decisiones de los jueces pongan en peligro el prestigio de la Justicia sin lugar a dudas», dijo Mayoral en la Plaza de las Cortes, en Madrid.

Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón , cree que García-Castellón actuó con «sesgo ideológico» y que está «obcecado» con Iglesias. «Era evidente que no había un sustento suficiente para imputarle», sostuvo Garzón por la noche en TVE, según recoge Ep.

Así se expresaron desde Unidas Podemos (UP) después de conocer que la Sala de lo Penal del TS ha acordado devolver la investigación a la AN al entender que faltan diligencias que practicar para sustentar que Iglesias pudo cometer delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa en relación a la gestión de la tarjeta del móvil sustraído a la que fue su asesora en Bruselas Dina Bousselham.

«La resolución del Supremo vuelve a poner las cosas donde estaban», dijo el portavoz de Podemos. «Es necesario que, cuanto antes, se abra una investigación y se aclare qué ha pasado con esa red de espionaje ilegal, de extorsión y de difamación e intoxicación que tenía montada el señor Villarejo con diferentes empresas y en relación con la cúpula de Interior», añadió, apuntando también al Gobierno del PP.

Luego, Mayoral siguió con los argumentos con los que sostienen que el líder de Podemos es víctima de espionaje: «Y, en concreto, con un escándalo de tamaño internacional que es la investigación ilegal a un dirigente político en democracia, que es absolutamente inadmisible».

Preguntado por los periodistas sobre si contestarán con alguna acción, Mayoral explicó que «de momento» seguirán actuando en el marco del procedimiento. Pero sí subrayó que la decisión del Alto Tribunal sirve para «una vuelta a la racionalidad» que, según dijo, consiste en «investigar a las mafias que realizan espionaje ilegal y laborales de intoxicación para intentar subvertir el proceso democrático».

En Podemos aprovechan así para atacar a García-Castellón y reprochan que se ha querido «perseguir a las víctimas en lugar de investigar las supuestas actuaciones ilegales». Precisamente por esto último Unidas Podemos (UP) pidió la comparecencia del excomisario preso José Manuel Villarejo en la comisión de investigación de la «operación Kitchen» en el Congreso de los Diputados.

El Supremo ha devuelto la causa a la Audiencia Nacional y ha instado al juez a profundizar en el delito de revelación de secretos y en el de daños informáticos. Considera que es esencial que cite a declarar a Bousselham para que ella manifieste expresamente si quiere denunciar a Iglesias por haber consultado y conservado en su poder la tarjeta del móvil que a ella le robaron o si por el contrario, no ve problema alguno. También entiende fundamental que la otrora subordinada de Iglesias aclare si cuando él finalmente le devolvió aquella tarjeta, estaba dañada o no, dado que de eso puede depender la imputación por el delito de daños y ella se ha venido contradiciendo en la AN.

Lo que sí descarta el Supremo es el delito de denuncia falsa, pues no insta al juez ni a investigarlo ni a enviarlo a otros juzgados para que lo hagan. Considera que es infundado y que en todo caso, no se cumplen los requisitos para que concurra esa denuncia, a saber: debe existir un fallo judicial sobre el hecho supuestamente denunciado en falso y según la Sala, no consta.

En todo caso, no es la primera vez que Podemos pone a García-Castellón en el punto de mira. El instructor ya puso en conocimiento de la Audiencia Nacional el señalamiento al que fue sometido el pasado mes de octubre cuando envió al Supremo la petición de imputar a Iglesias. Según trasladó al Consejo General del Poder Judicial para toma de conocimiento, se trató de una campaña inédita en sus 40 años de carrera que buscaba no sólo desprestigiar al sistema de justicia sino coartar la libre determinación de los jueces. El asunto terminó en una investigación por amenazas en redes sociales.