Vox pide al Supremo que reabra su querella contra el Gobierno tras las declaraciones de Yolanda Díaz

El pasado 2 de diciembre, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , reconoció que se la tachó de «alarmista» cuando en marzo del 2020, antes del 8-M, impuso una guía de actuación frente al coronavirus y que incluso desde el Ejecutivo se le recordó que era el Ministerio de Sanidad , y no el de Trabajo, quien tomaba decisiones respecto a la emergencia sanitaria. La oposición reaccionó al unísono exigiendo explicaciones, ya que PP , Vox y Ciudadanos entienden que implícitamente Díaz estaba admitiendo que el Ejecutivo conocía la gravedad del virus antes de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer y que aun así no actuó para impedir las concentraciones y marchas masivas.

A esto último se agarra Vox para pedir de nuevo al Supremo que proceda a la reapertura de la querella que interpuso contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos por delito de lesiones y contra los derechos de los trabajadores por la omisión de medidas de seguridad para las profesiones que se encontraban en primera línea -cabe recordar cómo los sanitarios hicieron frente al virus, en los primeros momentos de la pandemia, sin equipos de protección individual-.

La Vicesecretaría Nacional Jurídica de Vox, dirigida por Marta Castro , ha solicitado este lunes así, de nuevo, que el Supremo y los juzgados de instrucción investiguen la gestión de la pandemia del Ejecutivo de Sánchez, según han informado desde el partido de Santiago Abascal .

«Estas manifestaciones suponen un reconocimiento público de que la inactividad del Gobierno no era por desconocimiento de la situación», argumenta Castro en su escrito, donde añade: «Este conocimiento previo de la situación que se avecinaba entonces conlleva que la gestión sanitaria realizada se llevó a cabo de forma temeraria y poniendo en peligro a la población».

Vox reclama al Supremo que llame a declarar a la vicepresidenta Díaz como testigo, y que solicite al Ministerio de Trabajo una copia de las actas para la elaboración de la guía de actuación contra el Covid-19 y de las medidas de ERTE. El Alto Tribunal no apreció el año pasado indicios de delito, a pesar de que la guía de actuación elaborada por Trabajo tuvo ya entonces repercusión mediática. Sin embargo, su regreso al panorama mediático tras las palabras de Díaz sirve a Vox para devolver el debate, también, al ámbito judicial.

Cabe recordar que el partido de Abascal ha visto cómo algunos de sus recursos ante el Tribunal Constitucional sí han salido adelante en cuestiones de enorme relevancia política, como los dos estados de alarma nacionales por la pandemia -declarados inconstitucionales por motivos dispares- y el 'cerrojazo' del Congreso decretado por su presidenta, la socialista Meritxell Batet . Precisamente, la tercera autoridad del Estado reclamó a la oposición la semana pasada, con motivo del Día de la Constitución, que abandone la judicialización de la política . Un discurso que rompió con la habitual neutralidad que exige la cita y al que Vox, ya se ve, hará caso omiso.