Los partidos señalan el «viacrucis» de Sánchez con sus primeras exigencias

Una semana después del debate de moción de censura contra Rajoy, la «comidilla» ayer en el Congreso fue la configuración del nuevo Gobierno de Sánchez. Antes de empezar, Podemos y los grupos nacionalistas, socios del PSOE en la operación derribo sobre el PP, colocaron en la diana al nuevo ministro de Interior, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska , al que Bildu sitúa como «bestia negra» de ETA. Podemos le recrimina haber atacado a «activistas del 15-M». Tampoco agrada entre los «socios» del PSOE el titular de Exteriores, Josep Borrell, por su nítido discurso en defensa de la Constitución frente a los separatistas en Cataluña.

La extraordinaria situación de debilidad del nuevo Ejecutivo del PSOE , que cuenta apenas con 85 diputados de los 350, hizo que sus «aliados» parlamentarios hayan empezado pujando alto. ERC marcó la primera estación del «via crucis» del Gobierno socialista y antes de entrar en la reunión de portavoces Joan Tardà exigió la libertad de los políticos que lideraron el golpe separatista desde la Generalitat. «Ya sabe a qué atenerse», afirmó Tardà a los periodistas. «Ellos saben qué es lo que le decimos, más claro no se puede ser y ellos sabrán», añadió.

Solo el PNV fue suave en su crítica al titular de Interior , pero porque considera que puede impulsar «otra política penitenciaria». Ahí va la segunda estación de penitencia, esta vez para las víctimas del terrorismo. El lendakari, Iñigo Urkullu, entregó en julio un plan a Rajoy para acercar a los presos de ETA a prisiones que estén a menos de 250 kilómetros del País Vasco y de Navarra. El PSE lo reclama desde el Paralmento vasco. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aseguró ayer en A3 que aguardan «una política global de gestos positivos» hacia los presos y las víctimas para «pasar la página negra» de la historia terrorista. El PNV exige a Sánchez que mantenga las inversiones vascas previstas en el País Vasco y aspira, como ya le prometió en su último año José Luis Rodríguez Zapatero , a poder completar la transferencia al País Vasco de materias pendientes que recoge el Estatuto de Guernica: las más importantes, el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social y la gestión de cárceles.

Podemos, el gran aliado potencial de Sánchez, confirmó que le atará en corto y receló de su Gobierno «pensado más en agradar al PP y a Ciudadanos», según dijo su portavoz, Irene Montero. « La Moncloa puede ser un calvario sin Podemos », advirtió Pablo Iglesias en TVE. «Ha tardado 24 horas en olvidarse de quien le hizo presidente».

Montero confirmó que exigirán al Gobierno que desafíe el límite de déficit que marca Bruselas en cuanto se abra la negociación para el techo de gasto de 2019. También le reclaman abrir nuevas partidas de gasto extraordinarias en los Presupuestos y recitó las medidas con las que batallarán por la izquierda con el PSOE: que se comprometa a vincular la subida de las pensiones al IPC y elimine el factor de sostenibilidad, introducido por el Gobierno Zapatero. Que suba el salario mínimo interprofesional, garantice por ley la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y establezca permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.

Precisamente, la Mesa del Congreso envió ayer a La Moncloa su primera «patata caliente» devolviéndole los vetos a iniciativas legislativas del anterior gobierno del PP para que diga qué hacer con ellas. Sánchez queda atrapado entre la realidad de tener que ajustarse a los Presupuestos o enmendar su discurso político desechando sus propias iniciativas «sociales».