PSOE y Ciudadanos se comprometen en su pacto a oponerse al referéndum de Cataluña

En su acuerdo de investidura y de legislatura, PSOE y Ciudadanos han pactado « oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España ». Aparece en el último apartado del documento está dedicado a las propuestas para reformar la Constitución, que pretenden «asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado», según su epígrafe.

Los partidos liderados por Pedro Sánchez y Albert Rivera manifiestan «su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España» así como su defensa del «orden constitucional», eso sí, promoviendo una reforma parcial de la Carta Magna.

En el primer mes de Gobierno, en el caso de que Sánchez logre ser investido presidente, se promoverá «una reforma urgente de la Constitución para la que buscarán el mayor consenso posible», en la que estarán las cinco condiciones que impuso Ciudadanos para cerrar este acuerdo: la supresión de los aforados; la reducción a 250.000 firmas para presentar proposiciones de ley de iniciativa popular; marcar un máximo de ocho años consecutivos para el presidente del Gobierno; reducir a diez el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial; y suprimir las diputaciones provinciales.

Sánchez y Rivera también han acordado un nuevo modelo laboral . Ciudadanos defendía la implantación del contrato único indefinido. El acuerdo finalmente no recoge que esta sea la única modalidad de contrato pero sí simplifica los contratos a tres.

Uno de ellos será ese contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo indefinidos, mientras que el segundo será «un contrato estable y progresivo para la cobertura de puestos de trabajo de duración determinada». Además existirán contratos de relevo y formación.

Ese contrato estable no tendrá una duración superior a dos años aunque la negociación colectiva podrá acordar una duración menor según sectores de actividad productiva. Incorporará «una indemnización creciente por despido por causas económicas , organizativas, productivas, técnicas y de finalización del trabajo que tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el segundo año y confluya con los 20 existentes hoy para los contratos indefinidos, reduciendo los saltos en la cuantía».

En caso de despido improcedente la indemnización será de 20 días el primer año, 25 en el segundo hasta confluir con los actuales 33 días por año. En el tercer año se convertirá en un contrato indefinido . Y para incentivar la conversión de los contratos de duración determinada en contratos indefinidos, se establecerá unos de incentivos y penalizaciones sobre cotizaciones sociales.

Así, la regulación establecerá desincentivos para las empresas que abusen de un exceso de despidos por contratos estables y progresivos, mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer, a la vez que se establece un nuevo incentivo en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos.

Ciudadanos también defendía una reforma del régimen de autónomos para que aquellos que no facturasen por encima del Salario Mínimo Interprofesional. El documento se compromete a la creación de un grupo de expertos para establecer un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo.

Pero, de manera inmediata y hasta que entre en vigor la reforma del Régimen especial de trabajadores autónomos, se introducirá una cotización reducida de 45 euros , que se aplicará a todos los autónomos cuyos ingresos reales no superen el SMI.

Por otro lado, el documento contempla un plan para la «Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana», que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.

Los socialistas, por su parte, han integrado en el acuerdo un párrafo que dice que se «reservan» la posibilidad de impulsar la reforma de la Ley del Aborto en relación a las jóvenes de 16 y 17 años, para que no tengan que tener autorización de sus padres. Ciudadanos no está de acuerdo en este punto , pero ambas organizaciones defienden la Ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo.

Por otro lado, «Ciudadanos se reserva la posibilidad de impulsar la regulación de la maternidad subrogada, así como de la custodia compartida de menores como régimen general en los procedimientos de separación y divorcio», dice el texto.

Ambos partidos se comprometen a desarrollar una Ley de Muerte Digna que garantice «los derechos de los ciudadanos a afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones el tramo final de la vida, asegurando la libertad de las personas sobre la continuación o no de los tratamientos y la prestación de los cuidados paliativos que procedan».

El acuerdo señala que se «revisarán», no se derogarán, como quería el PSOE, los acuerdos con la Santa Sede. Habrá una Ley de Libertad Religiosa que establezca «un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas».

También «se reformará la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos».

Ninguno de los dos partidos incorporará a sus listas electorales a personas investigadas -figura actual para denominar a los imputados- por delitos de corrupción y cesarán a los que, desde la firma de este documento, pasen a esa situación judicial y la Fiscalía lo mantenga.

En este acuerdo, los dos partidos se comprometen a trabajar para poner en marcha «medidas urgentes de carácter preventivo, de control y sanción» que, entre otras cosas, garanticen que se proceda al cese de altos cargos «cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso». Además, quieren que se suspenda a concejales y parlamentarios a los que se abra jucio oral por las mismas razones.

PSOE y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para que, una de sus primeras medidas de gobierno sea rebajar al 10% el IVA cultural, además de impulsar el reconocimiento de un IVA cultural en el seno de la UE que permita su armonización, con el reconocimiento de una fiscalidad especial con tramos menores del 10%.

Asimismo, quieren promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico. A su vez, se han aliado para «recuperar el Ministerio de Cultura» para darle un «impulso definitivo» a la cultura, a las artes, a la creación, a las industrias culturales y que desarrolle una política que responda a una concepción federal y que promueva la pluralidad cultural y lingüística de España.

En el texto del acuerdo, ambas formaciones se comprometen a «revitalizar la aplicación» de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como la Ley de Memoria Histórica .