Los otros indultos concedidos en España

Cualquier reo puede solicitar el indulto, y su concesión compete al Rey, previa propuesta del titular de Justicia y su debate en el Consejo de Ministros. También debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se puede eximir de forma total o parcial la condena, pero no se «borra» de los antecedentes penales. La ley establece que un reincidente no puede acogerse a esta fórmula, aunque puede haber excepciones si el tribunal entiende que existen «razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública».

Y aunque por norma se trata de casos anónimos y presos comunes, como María Teresa de Jesús Moreno Maya, «Tani» , que fue condenada por asesinar a su marido tras declarar que la maltrataba, en democracia ha habido indultos que han estado ligados a episodios de la historia española reciente.

Uno de esos casos fue el del general Alfonso Armada, que fue condenado a 30 años de prisión en abril de 1983 por rebelión , debido a su implicación en el Golpe de Estado del 23-F de 1981. Armada, que fue secretario general de la Casa del Rey, y quien había sido elegido para presidir el Gobierno si el golpe prosperaba, siempre mantuvo que había sido engañado por el teniente coronel Antonio Tejero, el rostro que ejecutó el golpe.

Armada, que cumplía condena en Alcalá Meco, comenzó a tener problemas de salud a los cinco años de entrar en prisión y fue hospitalizado por una embolia. Más tarde se le detectó una cardiopatía. Debido a sus problemas de salud, y que reconoció la Constitución Española, el Gobierno de Felipe González aprobó su indulto en la Nochebuena de 1988.  

Vinculado al Ejecutivo socialista también aparece otro de los indultos «más sonados de la democracia». El exministro José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera fueron condenados a diez años de prisión en 1998 por el secuestro de Segundo Marey. Esta acción fue considerada el primer acto terrorista de los GAL y, a pesar de la condena, el Partido Socialista protagonizó una fuerte campaña de apoyo pública hacia ambos.

Entraron en prisión el 10 de septiembre de 1998 y el 24 de diciembre el Ejecutivo de José María Aznar tramitó su indulto permitiendo que volvieran a casa por Navidad. Se trataba de un indulto parcial, que conmutaba dos tercios de la condena, frente al indulto total que reclamaban los socialistas. Volvieron a prisión en 2001, pero a las horas quedaron en libertad vigilada.

El cambio de siglo fue la motivación de Ángel Acebes , ministro de Justicia del PP en el año 2000, para otorgar un indulto masivo: más de mil presos se beneficiaron de la medida , entre ellos el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño , con la condición de no volver a ocupar su puesto en el tribunal. Gómez de Liaño fue condenado a 15 años de inhabilitación acusado de un delito de prevaricación continuada en el Caso Sogecable. Años después, en 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón tras recurrir al órgano europeo al entender que en su proceso judicial la sala que lo juzgó no había sido imparcial, si bien Estrasburgo no le absolvió de los delitos al no tener competencia en la Justicia española.

Otro ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón , concedió el indulto al comandante y al capitán médico del Yak-42 , acusados tras el accidente de falsear las identificaciones de la mitad de los cádaveres de los militares que murieron en el accidente de la aeronave. Fueron condenados a 18 meses de prisión y un año de inhabilitación y su indulto, concedido el 20 de abril de 2012, anuló su inhabilitación.