Moncloa da margen al PP en la renovación del TC para evitar un choque institucional

El vínculo entre el órgano de gobierno de los jueces y el TC es claro desde el momento en el que la reforma promovida el pasado año por el PSOE y Unidas Podemos para impedir al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones no permite a este órgano nombrar a los dos magistrados que le corresponden en esta renovación parcial del TC. De esta forma, hasta que el nuevo Consejo se constituya –algo que solo sería posible si se desbloquean las negociaciones entre PSOE y PP– no se puede llevar a cabo la misión que la Constitución le encomienda en su artículo 159. Ese precepto establece que los doce miembros del tribunal será designados por nueve años y se renovarán cada tres años por tercios, es decir, de cuatro en cuatro. Uno de esos tercios es a propuesta del Congreso (los cuatro magistrados que fueron renovados con dos años de retraso el pasado noviembre); otro tercio a propuesta del Senado, y el último tercio a propuesta del Gobierno (dos) y del CGPJ (otros dos). Designar solo a dos de los cuatro salientes supondría una renovación por cuartos, no por tercios, algo que no prevé la Carta Magna, que, como recuerdan fuentes jurídicas, aúna dos voluntades distintas y a la vez en esta concreta renovación: la del Ejecutivo y la del Poder Judicial.

Aunque hay quien defiende que los dos candidatos del Ejecutivo podrían aterrizar sin esperar a los dos del Consejo (se hizo con UCD cuando se constituyó el TC y el CGPJ todavía no había sido elegido), el mero hecho de que se abra el debate de la posible inconstitucionalidad de esa renovación parcial echa al Gobierno para atrás. De ahí que ni el anterior Consejo de Ministros ni en el del próximo martes se espere el anuncio de los dos aspirantes a formar parte de este órgano.

La situación, desde luego, es completamente novedosa porque así como sí ha habido retrasos en renovaciones de los tercios que corresponden a Congreso y Senado (precisamente por la falta de acuerdo de los grupos parlamentarios), la del tercio que depende de las voluntades de Ejecutivo y CGPJ lleva cuarenta años haciéndose en plazo.

A ello se suman también las dudas que hay en el Gobierno de que el actual Pleno del TC, de mayoría conservadora, vaya a dar el plácet a los dos candidatos que el Ejecutivo ponga sobre la mesa con esa peculiar interpretación del mandato constitucional que le obliga a contar con el CGPJ. Otros ni siquiera ven tan claro que los dos magistrados concernidos por la entrada de los propuestos por el Gobierno (González Trevijano y Narváez, nombrados en su momento por el Gobierno de Rajoy) pudieran estar presentes en ese Pleno. La tensión que acarrearía el debate sobre su presencia o ausencia provocaría un conflicto interno que se quiere evitar tanto dentro como fuera del tribunal.

En cualquier caso, el Gobierno ha desistido de hacer su propuesta con la confianza puesta en que tras las elecciones en Andalucía el próximo domingo 19 la renovación del CGPJ será una realidad, algo que también se da por hecho en fuentes próximas al PP, que ya se muestran convencidas de que con independencia de que se estudie otro modelo de elección de los vocales de procedencia judicial, la renovación y el cumplimiento del mandato constitucional no puede dilatarse más. Se da por hecho que el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abordará esta cuestión sin rodeos y relajado si se cumplen los pronósticos de las encuestas respecto a su formación.

Tras un periodo de negociaciones que no tienen por qué prolongarse demasiado –no se parte de cero, recuerdan fuentes jurídicas a ABC– , el Consejo podría echar a andar la segunda quincena de julio, una vez que los ocho vocales de procedencia no judicial hayan comparecido en el Parlamento, como es preceptivo. Teniendo en cuenta que el primer Pleno del CGPJ es el que elige al presidente del propio órgano de gobierno de los jueces –que también lo es del Supremo– sería muy precipitado que la elección de sus dos candidatos para el TC pudiera llevarse a cabo en ese Pleno, por lo que todo apuntaría más a que esa elección se llevara a cabo en septiembre, con el inicio del nuevo curso judicial.

Lo que sí tiene claro el Gobierno es que una cosa es dar un margen al nuevo PP y otra que la situación de bloqueo se siga prolongando sin posibilidad de acuerdo. En ese caso el Ejecutivo daría el paso para llevar a cabo la renovación de los dos candidatos que le corresponden en esta renovación con los riesgos que esta iniciativa pueda conllevar a efectos de posible inconstitucionalidad. La relación de fuerzas pasaría del siete-cinco actual a un seis-seis, siempre en el supuesto de que el actual Pleno del TC diera el visto bueno a esta maniobra.