«Los menas son la punta del iceberg de una catástrofe humanitaria»

La solución pasa, según advierten expertos consultados por este diario, por «diseñar estrategias a largo plazo» , «mejorar la coordinación entre las administraciones implicadas en el problema» e impulsar cambios legislativos que, cuando estos menores cumplan los 18 años, faciliten su integración social. En la actualidad, estos jóvenes desarraigados, al igual que el resto de ciudadanos, solo pueden acceder al mercado laboral si consiguen un contrato de 40 horas semanales y un año de duración, un objetivo complicado incluso para las personas no extranjeras y con formación.

El problema es especialmente grave en Cataluña, uno de los principales destinos refugio de estos menores . En estos momentos, la Generalitat tiene monitorizados unos 4.200 menas, una cifra superior a la del registro oficial nacional que incluye los casi 2.000 registrados por el Ministerio del Interior. «El número real es muy superior. Se trata de un problema humanitario de grandes dimensiones», explican a ABC educadores sociales que ven el verdadero alcance del problema.

Según datos de la Policía catalana, de los menores inmigrantes que llegaron a Cataluña de 2016 a 2018 –algunos de los cuales pueden ser ya mayores de edad– el 18 % han sido detenidos o investigados al menos una vez , la mayor parte por hurtos de menos de 400 euros. La Generalitat, que pide no criminalizar a este colectivo, asegura que esta cifra no está consensuada. Sí admite que un 1,6 % de los menas permanece en centros de Justicia por delitos que implican internamiento.

Ante esta problemática, los Mossos pusieron en marcha el pasado 1 de marzo un plan especial que bautizaron como «Poliédrico» . Tratan de controlar e identificar a los menores que pernoctan en la calle y comunicárselo a la Administración, especialmente en el caso de los menores de 14 años y los que se encuentren esnifando cola.

Pero lo cierto es que pese a la perseverancia policial, en los últimos meses han salido a la luz numerosos casos en los que los menas han protagonizado incidentes, especialmente en casos de supuestas agresiones sexuales, que han causado gran alarma social. Unas situaciones que, además, alimentan los ataques de extrema derecha hacia un colectivo vulnerable. Sucedió hace unos días en un albergue de El Masnou (Barcelona).

Ester Cabanes, directora general de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), admite a ABC que cuando estalló el problema, en junio de 2017, la Administración se vio «totalmente desbordada». «Solo en tres meses llegaron 2.000 menores y tuvimos que reaccionar abriendo centros sin parar para dar una respuesta» , explica. Desde entonces se han creado cerca de 200 nuevas instalaciones para afrontar el problema. «Siguen llegando menores, aunque no de forma tan masiva, lo que nos ha permitido diseñar estrategias para atender mejor la diversidad de perfiles y necesidades», dice Cabanes.

Respecto a las situaciones que generan algunos menas conflictivos en las calles, reconoce que la actual legislación no brinda los mecanismos necesarios para «ponerles límites». «Cuando un menor que está en la calle delinque los Mossos le identifican pero a no ser que cometa un delito grave no pueden llevarlo a un centro de internamiento y vuelven a dejarlo libre. Nosotros tampoco podemos hacer que permanezcan a la fuerza en el circuito de tutela», explica Cabanes.

El educador social Adrià Padrosa, que trabaja con jóvenes extranjeros en la iglesia de Santa Ana de Barcelona, que ofrece cobijo a jóvenes (algunos exmenas) que malviven en la calle sin recursos, da fe de esa impotencia. «Si un menor extranjero delinque se le lleva a la comisaría pero luego se le suelta . Tampoco se les puede retener a la fuerza en un centro de acogida. Eso genera una sensación de impotencia brutal entre los profesionales que llevamos años en las trincheras», indica a ABC, mientras vigila la entrada de esta parroquia. «En España podría estallar un conflicto similar al de Francia. Son la punta del iceberg de una catástrofe humanitaria», añade Padrosa.

Solo hay que acercarse a esta parroquia, situada en el corazón de la capital catalana y capitaneada por el sacerdote Peio Sánchez, para percibir la verdadera dimensión del problema y tomar el pulso a la situación. La mayoría de los jóvenes a los que asisten (unos 250 al día) son mayores de edad –algunos extutelados por la Generalitat– que viven en la calle y no tienen regularizada su situación. Son personas muy vulnerables, algunos de ellos toxicómanos con patología psiquiátrica asociada que acuden en busca de alimento o un lecho en el que dormir durante unas horas. No pueden asistir a menas porque, según explica el rector a ABC, «lo tienen prohibido».

« A los menas les atendemos de puertas hacia fuera . La ley actual nos lo prohíbe pero es un sinsentido porque, en teoría, lo hacen para que los mayores de edad que acogemos no sean una amenaza para ellos y luego nos obliga a devolverlos a la calle, donde realmente están desprotegidos y muchos de ellos acaban siendo utilizados por redes de prostitución o tráfico de drogas que les compran por una dosis o un reloj», denuncia el cura.

La monja Viqui Molins, su mano derecha, pide «poner límites» a la situación de algunos de estos menores, que «ante la inoperatividad de la Administración y la falta de recursos para atenderles» acaba delinquiendo. «En realidad son víctimas», dice la religiosa y pide que «no se les criminalice». Tanto ella como el rector de Santa Ana no tienen ninguna duda de que el auténtico drama aún está por llegar. «Si no tenemos ahora recursos para atenderles, imagina cuando salgan fuera del circuito de tutela», afirma.

Sánchez y Molins piden a las administraciones que «dejen de culparse mutuamente de la falta de recursos» y de utilizar el problema como arma arrojadiza y exigen que aúnen fuerzas para evitar el tsunami que asoma. «La ineptitud de la clase política está provocando una situación de quiebra y es necesario hacer un reset» , asevera Sánchez, quien considera que el plan de choque para los jóvenes sin techo anunciado por la Generalitat es «un apaño» para parar la presión mediática.

Jabitxu, educador de un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) de Tarragona, concertado por la Generalitat, apunta, además un problema asociado a los mencionados: el de la precariedad laboral en el sector. Este educador de 47 años que lleva más de 20 atendiendo a jóvenes, alerta de que se está produciendo una fuga de profesionales formados y con experiencia hacia otros sectores, «debido a las malas condiciones de trabajo y los bajos sueldos». «La Generalitat solo piensa en abrir más centros pero no en qué condiciones trabajamos . Poniendo parches no se resuelve nada», concluye.