Las medidas cautelares de Forcadell pueden cambiar «si se evidencia un retorno a la actuación ilegal»

Escuchar la petición de prisión incondicional en la vistilla conjunta que se celebró tras las declaraciones –y constatar la diferencia de trato que el Ministerio Público dispensaba a la diputada Ramona Barrufet por su distanciamiento claro de las vías inconstitucionales– fue crucial para que Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó emularan a su compañera y se desmarcaran de cualquier actuación futura fuera del marco constitucional. Anteriormente todos ellos, en sus respectivas declaraciones ante el juez, habían acatado el artículo 155 de la Constitución y habían reconocido que la declaración unilateral de independencia tenía solo un «carácter simbólico».

Aun así, la arrogancia de Forcadell no había convencido a los fiscales, pues además de reconocer los hechos que se le imputan, los justificó, y vino a decir que era obvio que no se podía continuar por la senda de la ilegalidad porque el Parlamento estaba disuelto y solo quedaba la Diputación Permanente «sin operatividad legislativa».

El papel determinante de Forcadell en el plan secesionista y su contumacia en la desobediencia en la hoja de ruta del independentismo suponía para la Fiscalía una razón de peso para diferenciar su comportamiento del de los demás a la hora de solicitar las cautelares, pero como informó ABC su declaración iba a ser determinante. Lo cierto es que cuando la expresidenta y los demás investigados plegaron velas en esa última palabra con un desmarque claro de todo lo que no fuera el marco constitucional , el Ministerio Público ya había solicitado sus medidas y no había marcha atrás. La decisión ya estaba en manos del juez, y para él el hecho de que renunciaran públicamente a la senda de la ilegalidad fue determinante para descartar la reiteración delictiva que hubiera justificado una prisión incondicional.

La Fiscalía considera que el hecho de que los miembros de la Mesa renunciaran a la actividad política futura (Anna Simó y Lluis Guinó) o que los que desean seguir ejerciéndola, renunciaron a cualquier actuación fuera delmarco constitucional, excluye o minimiza, «al menos en este momento, el riesgo de reiteración delictiva que ha venido constituyendo hasta la fecha el fundamento esencial para las solicitudes de prisiones incondicionales formuladas por la Fiscalía».

Otro de los motivos por los que la Fiscalía se confoma con el auto de Llarena es porque el magistrado admite «con una rigurosa y extensa fundamentación» el planteamiento formulado en la querella interpuesta por la Fiscalía, por lo que la causa va a seguir tramitándose por los delitos denunciados por el Ministerio Fiscal: rebelión (Llarena dice que inicialmente se dan los requisitos para calificar así los hechos), sedición (en caso de que el transcurso de la investigación rebaje el tipo penal) y malversación.

El Ministerio Público también señala que aunque Llarena no accedió a todas las pretensiones de la Fiscalía, sí acuerda respecto a los querellados medidas tendentes a evitar el riesgo de fuga (fianzas, obligación de presentaciones periódicas, retiradas de pasaporte, prohibición de salir de territorio español).

Precisamente respecto al riesgo de fuga el auto del magistrado tiene en cuenta la circunstancia de que los querellados se han presentado siempre que han sido citados, a diferencia de otros encausados «que se encuentran actualmente fugados», en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos. Este criterio fue determinante, pero en sentido contrario, para la juez Carmen Lamela cuando ordenó el ingreso en prisión incondicional del exvipresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de otros siete consejeros de Puigdemont el pasado 2 de noviembre. Lamela consideró que la huida de Puigdemont podía resultar tentadora para los exconsejeros imputados en la Audiencia Nacional si decidía dejarlos libres. Más teniendo en cuenta la gravedad del delito y la pena a la que se enfrentan –25 años si se trata de una rebelión sin armas, como sería el caso–.

La resolución de Llarena deja abierta la puerta a modificar las medidas cautelares si se evidenciara que los querellados han engañado al juez. «No se escapa –señala el magistrado en el auto– que las afirmaciones de todos ellos (en cuanto a la renuncia al proceso) pueden ser mendaces, en todo caso, han de ser valoradas en lo que contienen, sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidencia un retorno a la actuación ilegal que se investiga». Para la Fiscalía este punto es fundamental porque quebrarlo implicaría una reiteración delictiva que el juez no va a dejar pasar por alto.

El Ministerio Público no comparte el sentir que hay en la opinión pública de que las decisiones de Tribunal Supremo y Audiencia Nacional respecto a los miembos del poder legislativo y ejecutivo, respectivamente –el primero investiga a la expresidenta y miembros de la Mesa del Parlamento y la segunda a Puigdemont y su gobierno–, pueden resultar contradictorias. En este sentido, en una nota sostiene que el auto de Llarena «a nuestro juicio en modo alguno contradice, afecta o deslegitima las resoluciones sobre medidas cautelares adoptadas por el Juzgado Central de Instrucción número 3 (Carmen Lamela), que han sido tomadas conforme a Derecho y rigurosamente fundamentadas en el evidenciado riesgo de fuga y de reiteración delictiva concurrente en los querellados en dicho procedimiento, distintos de los riesgos que concurren en los querellados ante el Tribunal Supremo».

De momento, y a la vista de los acontecimientos, los abogados de los querellados por rebelión prefieren que les investigue el Supremo (no hubo ninguna prisión incondicional) que la Audiencia Nacional (se acordó para todos menos para Santi Vila). De hecho, el abogado de Forcadell y de Anna Simó, Andreu Van Eynde, ha pedido al Tribunal Supremo que asuma la causa que la Audiencia Nacional tiene abierta por rebelión contra los exconsejeros, donde este mismo abogado ha defendido sin la misma fortuna a Oriol Junqueras, en prisión desde el día 2. Lo justifica en la necesidad de evitar una disparidad de criterios inaceptable» entre ambos tribunales.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el letrado recuerda que las querellas de la Fiscalía por rebelión contra Forcadell y los exconsellers son «prácticamente idénticas» y, pese a ello, ambas son investigadas por órganos judiciales distintos «en una distribución, cuanto menos, curiosa y, en todo caso, generadora de indefensión».