Forcadell reniega del «procés» para eludir la prisión incondicional

Todos ellos deberán comparecer semanalmente en el juzgado, entregar su pasaporte y se les prohíbe, además, abandonar el país. Todos los imputados renunciaron «a cualquier actuación fuera del marco constitucional», lo que ha sido determinante para que el magistrado no acordara prisión incondicional. Los diputados del PDeCAT, investigados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, han anunciado que no recurrirán la decisión del juez Pablo Llarena .

Respecto a la fianza estipulada, el magistrado sostiene que no hay ninguna prueba que acredite que el 1-O supuso un gasto público de 6,2 millones de euros y ha rechazado la petición de la fiscalía de imponer una fianza por esa cantidad. Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha afirmado que la «caja de solidaridad cubrirá las fianzas de los miembros de la Mesa del Parlament» . La entidad hace un llamamiento a ingresar fondos, promovida junto a Òmnium Cultural para hacer frente a lo que consideran «agresiones del Estado».

El cambio de estrategia de Forcadell y del resto de los diputados que, al contrario que los exconsejeros encarcelados, sí aceptaron el jueves ante el juez la aplicación del artículo 155 y calificaron la declaración unilateral de independencia como un acto de carácter simbólico , les ha librado de la prisión incondicional.

En el ámbito político este insólito giro no deja en buen lugar a Forcadell -una de los principales artífices del proceso independentista ya como presidenta de la ANC-, porque si algo se constató el jueves en el Tribunal Supremo es que el independentismo se ha roto en dos y que ya no hay una estrategia común que aúne la hoja de ruta secesionista. Con los exconsejeros presos, otros huidos con su presidente, y los miembros de la Mesa reculando ante la Fiscalía - «Ni un paso atrás», decía la expresidenta hace solo tres semanas» -, se da por zanjado ese «propósito firme y decidido» de seguir adelante con el plan secesionista.

El auto del magistrado asegura que «se constata la concurrencia inicial de todos los elementos que precisa la calificación de rebelión», incluida la utilización de violencia: «Los promotores de la independencia podrían haberse servido de estos puntuales focos violentos (en referencia a las movilizaciones), y de una movilización decidida y pacífica mucho mayor, para exhibir los movimientos populares como la espoleta de una eventual explosión social que ellos podían modular, y por tanto, como la violencia coactiva para la consecuención de sus fines ».

Llarena resalta asimismo que los querellados «no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura, o los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional». Sobre Forcadell subraya su «actuación principal» en los hechos que se investigan, «tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso que contemplamos, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de esos periodos».

Sin embargo, el juez considera importante para no decretar prisión incondicional de los miembros de la Mesa que aunque exista riesgo de fuga «se difumina por haberse presentado cuantas veces han sido citados por el TSJC así como por este instructor (...) y ser manifiesto el contraste con otros encausados en ese proceso que se encuentran actualmente fugados» . Es decir, al contrario que para la juez Lamela, la huida de Puigdemont le sirve como indicio de que los investigados no van a sustraerse de la acción de la justicia porque ya lo podían haber hecho.

Las palabras de Forcadell ante el juez Llarena no convencieron a los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadena (a los que luego se unirían Javier Zaragoza y Jaime Moreno), que habían fiado su petición de medidas cautelares a la declaración que prestaran los investigados. Convencidos de que una marcha atrás supondría eliminar al menos uno de los requisitos que exige acordar prisión como medida cautelar (la reiteración delictiva), los seis exdiputados -cinco de ellos aforados por ser miembros de la Diputación Permanente- decidieron responder a las preguntas de la Fiscalía.

Pese a hacer un acatamiento expreso del artículo 155 de la Carta Magna -el que aplicó el Gobierno de Rajoy para zanjar el golpe de Estado en Cataluña- y reconocer que la DUI no pasó de ser un acto de «carácter simbólico», el Ministerio Público no hizo distinciones respecto a los consejeros de Puigdemont y pidió prisión incondicional para ellos . No así para Ramona Barrufet y para Josep Joan Nuet. A la primera porque se desvinculó claramente del proceso; al segundo, de Catalunya Sí Que es Pot -la marca de Podemos en esa comunidad-, porque aportó las actas en las que constaba que él no apoyó la DUI. Llarena reprocha a la Fiscalía que no justificara por qué estando Barrufet en igualdad de condiciones que el resto de los aforados, diferenciara a unos y a otra en su petición de medidas cautelares.

La declaración de Forcadell fue la más extensa de la fría mañana del jueves en Madrid. Más de dos horas estuvo la expresidenta ante Llarena, lo que ya hizo presagiar que estaba colaborando con la justicia y contestando a los fiscales. Forcadell hizo hincapié en que acataba el artículo 155 y rebajó la DUI a un acto simbólico. Sin embargo, reconoció y justificó los hechos.

Tras conocerse la decisión del magistrado, el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha enviado un «abrazo inmenso» a Forcadell, y a los miembros de la Mesa. «Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes» , ha aparecido en su cuenta oficial de Twitter.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha escrito en su cuenta de Twitter que «Carme Forcadell pasará la noche en prisión por haber permitido el debate democrático. ¡Por permitir hablar y votar! Así es la democracia española ».

Puigdemont contestaba así desde Bélgica a la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena de dictar prisión eludible con una fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell.

El abogado de Carme Forcadell, Andreu van den Eyne, ha anunciado que recurrirá la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena porque ha dado «un trato distinto a su clienta que al resto de los investigados» . Van den Eyne ha declarado a las puertas del Supremo que este viernes mismo espera poder pagar la fianza de 150.000 euros que el juez ha impuesto a Forcadell para evitar la prisión.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, ha escrito en su cuenta de Twitter: «Gracias a todos por vuestro apoyo, afecto y cariño».

Forcadell escribía estas palabras en catalán (Moltes gràcies a totes i a tots pel vostre suport, escalf i estima) desde la sede del Tribunal Supremo en Madrid, en donde esperaba el vehículo que finalmente la trasladó a la madrileña cárcel de Alcalá Meco . Allí permanecerá hasta que pague la fianza de 150.000 euros impuesta por el juez Pablo Llarena, previsiblemente este viernes.