La mayoría del PP en el Senado permitiría activar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña

El Gobierno confía en un apoyo del PSOE y Ciudadanos si llega a suspender la autonomía catalana

02/02/2017
Actualizado a las 08:40h.

El «plan A» del Gobierno de Rajoy en Cataluña sigue siendo la «operación diálogo», que la vicepresidenta ha emprendido en esa Comunidad para abordar los problemas reales de Cataluña y tratar de superar el desafío independentista. Pero el Ejecutivo tiene un plan «B» perfectamente estudiado ... , como publicó ayer ABC, para responder ante cualquier acción de los secesionistas, incluida la convocatoria de un referéndum ilegal. En La Moncloa se ha analizado al detalle la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en la práctica supondría una suspensión de competencias autonómicas en esta Comunidad, pero que el equipo de Rajoy prefiere definirlo como «rescate administrativo». Desde el Gobierno se insiste en que la medida será siempre «proporcional» a las acciones ilegales que puedan tomarse.

Ante una convocatoria de referéndum por la independencia, la primera respuesta del Gobierno será jurídica, con un recurso de impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) , que, previsiblemente, como ya hizo en 2014 ante el 9-N, prohibirá cualquier consulta sobre la secesión de Cataluña. El choque frontal entre Gobierno y Generalitat podría producirse si esta desobedece al TC y sigue adelante con sus planes. Rajoy, entonces, podría aplicar, por primera vez en la democracia, el artículo 155.

La iniciativa de esa suspensión autonómica , que no tiene precedentes y que sería puntual y parcial, corresponde al Gobierno de la Nación. La Constitución permite esta posibilidad siempre que «una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España», algo que encaja, como se puede comprobar, al intento de secesión.

En primer lugar, el Gobierno tendría que enviar un requerimiento al presidente de la Generalitat de Cataluña , para que desistiera de esa actitud contra el interés general de España o contra la ley. Si no es atendido, necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Senado para dar el siguiente paso. El PP mantiene esa mayoría en la Cámara Alta ( el Grupo Popular cuenta con 148 de los 266 senadores ), luego no tendría ningún problema, aunque buscaría el respaldo del PSOE en una situación como esta, y de otros partidos constitucionalistas, como Ciudadanos. De Podemos poco podría esperar.

Con ese apoyo de la mayoría absoluta del Senado, el Gobierno podrá adoptar «las medidas necesarias para obligar» a la Comunidad al cumplimiento «forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». La Constitución no ofrece ningún detalle de qué medidas son, pero desde La Moncloa se habla de un «rescate administrativo», según fuentes próximas al presidente consultadas por ABC. Consistiría en hacerse con funciones clave y decisivas en algunas áreas y consejerías, para mantener la legalidad vigente y evitar que se atente contra los derechos de los ciudadanos, la unidad de España, la soberanía nacional o la igualdad.

El Gobierno tiene el plan detallado hasta el último de los puntos, aunque lo guarda bajo llave, pues es una medida extraordinaria y excepcional que no quiere desvelar antes de tiempo. En 2014, cuando la Generalitat quiso convocar otro referéndum, se estudió la posibilidad de intervenir dos consejerías, la de Educación e Interior . En este caso, no se oculta que se tomarían las medidas necesarias para precintar los «colegios electorales», y evitar así el fraude de una votación ilegal. La intervención en Interior permitiría al Gobierno controlar las fuerzas de orden público, incluida la policía autonómica, como ya se previó ante el 9-N.

El artículo 155 de la Constitución tiene un segundo punto, donde se dice que para la ejecución de las medidas señaladas, el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas, sin más detalle. El Ejecutivo, por tanto, tendría margen de maniobra, una vez superado los requisitos previos, para defender la ley y el interés general de España.