La Policía se defiende tras las acusaciones de Interior sobre la gestión de la crisis migratoria en Canarias

Interior espera que el ritmo de traslados se pueda mantener «hasta el cierre de las instalaciones del puerto. La recepción de inmigrantes se hará en ese nuevo centro y tres días después los afectados se desviarán al sistema de acogida, competencia de Integración, Seguridad Social y Migraciones».

En el muelle quedan aún 1.500 personas, la mayoría hombres magrebíes –y siguen produciéndose llegadas masivas–. Cincuenta de ellos están infectados por Covid 19 . Están separados del resto en una carpa habilitada en la playa del Cabrón, solo dividida del resto por una valla de obra. El trasiego nocturno entre una parte y otra es habitual, con el riesgo sanitario que conlleva; igual que el trasvase de bolsas de comida que no cumplen los requisitos.

La Policía dispone para trabajar de una mesa destartalada bajo una carpa y un contenedor de obra con aire acondicionado que es ocupado por el primero que llega, ya sea de Policía Científica o de los encargados de volcar datos en bases internacionales. Además, comienza a haber problemas de orden público provocados por robos de móviles y alimentos entre los «sin papeles» . Comen bocadillos tres veces al día, la basura se acumula, se han visto ratas y la higiene es muy precaria.

La investigación de los sucesos del pasado martes sigue abierta e Interior no aclara quién dio la orden, verbal desde luego, de desalojar a más de 200 magrebíes y dejarlos a su suerte en Mogán. ABC ha podido saber que en ese momento la situación era crítica, con unas 2.600 personas en un espacio que puede acoger a 400 . «La veintena de policías que los custodiaban no podían ni moverse por el muelle –dicen fuentes policiales– y había más inmigrantes esperando en una de las Salvamar. O se evacuaba, o no se les podía desembarcar, y si se hacía en esas condiciones había mucho riesgo de que empezara a caer gente al agua» . Ninguno de los policías consultados cuestiona la urgencia de esa decisión en una situación límite e insisten en que el delegado del Gobierno, o bien lo ordenó, o fue informado. «No hay otra posibilidad».

Las mismas fuentes muestran su indignación por el intento de responsabilizar a la Policía de lo ocurrido –algunas filtraciones han ido en ese sentido–, cuando solo cumplen con su deber y trabajan con una presión brutal: « Si Interior busca culpables que piense en que es responsable de que muchos de los inmigrantes llevaran más de 20 días allí, y es ilegal. Solo los podemos retener tres, para identificarlos, por entrada irregular; alguno más por razones humanitarias». Con los recursos al límite y un creciente problema de contención, en las próximas horas llegarán a las islas unos 250 agentes antidisturbios (UIP) procedentes de Las Palmas, dos grupos; La Coruña con refuerzo de Vigo; Valencia y otro grupo de Tenerife. Sobre el papel se quedarán hasta el 13 de diciembre; eso si la situación no empeora.