«Marlaska está sobrepasado y miente»

Donde no han llegado las Administraciones con mayúsculas, a un «muelle-cárcel» que parece el rescoldo de una batalla, han estado y están policías, voluntarios, Cruz Roja, sanitarios, abogados e intérpretes, trabajando más allá del límite y en unas condiciones tercermundistas: con WC químicos, mantas en el suelo para dormir al raso, basura acumulada, colas interminables y vallas de obra en desuso como escudo frente al Covid.

«Se la están jugando todos, la sensación es que nos han abandonado. El ministro Marlaska estuvo ahí, vio lo que había y luego fue al Parlamento y contó una historia asegurando que se cumple el plazo legal de 72 horas de retención. Está sobrepasado, como el resto del Gobierno central, y miente» , afirma Santana.

«El Ejecutivo ha tenido información de que esto se podía producir y ha faltado una reacción», añade Blas Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española. Según Imbroda, el tratamiento que se ha dado a los migrantes en ese muelle infame «viola los derechos humanos».

Ambos letrados desgranan unas condiciones vergonzantes. «Los abogados nos estamos entrevistando con los migrantes después de esperas de más de cinco horas de pie, en cualquier parte, sin intimidad y entre el tránsito de todas las personas que por allí circulan (otros migrantes, policías, sanitarios, etc), por tanto en un situación absolutamente caótica y dantesca», recoge el comunicado del Colegio de Las Palmas.

Santana pone ejemplos concretos. «No tenemos ni un sitio donde esperar, lo hacemos a 35 grados, sin sombra. El otro día los policías nos pusieron un furgón para que nos quitara el sol, pero ni siquiera teníamos sillas. La alcaldesa de Mogán nos dio unas, una mesa y un toldo. Es la única que ha reaccionado». Este responsable del turno de oficio en la isla junto a otros compañeros cuenta que los fines de semana han tenido que «reclutar» hasta 50 abogados al día para asistir a los que llegaban en patera o cayuco.

«Vamos pasando los letrados cuando los ha identificado la Policía y en grupos de seis se les explica la situación . Si alguno tiene una situación especial lo atendemos en un pasillo del muelle pegado al mar con el intérprete intentando hacerse entender. Si en ese momento llega una patera, desembarcan todos al lado. Y esa es la intimidad y las condiciones para tratar de saber si esa persona es susceptible de protección internacional, o una víctima de trata o un menor», explica Santana. «Les das un papelito con su NIE apuntado, sin fotografía ni nada, luego se lo pueden cambiar o tirarlo».

Son derechos consagrados por nuestro ordenamiento y por los tratados internacionales que se están vulnerando desde hace semanas, recuerda Imbroda. El Colegio de Las Palmas evidenció unas carencias que provocan sonrojo: coordinación temporal del número de migrantes que necesitan justicia gratuita para que los abogados no estén expuestos muchas horas «al contacto con personas de las que no se garantiza que no estén contagiadas con Covid-19». La segunda es aún peor: un lugar al resguardo del resto con mesa y sillas y, por último, designar traductores de lengua materna o al menos de francés e inglés. Durante varias semanas han contado solo con dos traductores para asistir hasta 1.500 personas. Ahora hay cuatro.

Y no más de 30 policías son los que han estado vigilando a esa marea humana que llega desfallecida y que no quiere emprender el viaje de regreso. Los sindicatos policiales llevan semanas clamando al aire. Ayer, el SUP, con 21.000 policías afiliados, y la AUGC, que aglutina a 32.000 guardias civiles, denunciaron de forma conjunta la descoordinación ministerial de la que también han sido víctimas y «los graves perjuicios en el servicio policial sin que Interior ejerza su competencia exclusiva como órgano coordinador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Los agentes recuerdan que llevan años denunciando las carencias del modelo policial por la dejación de funciones de quien tiene que coordinar y hablan de que el drama desborda «la pobre estructura policial, asistencial y social con la que contamos». Anoche, dicen, pernoctaron en Arguineguín 1.920 personas. Reclaman con más énfasis que nunca medios: frente al Covid, coches, instalaciones móviles para tomar huellas o abrir expedientes de extranjería y, por supuesto, refuerzo de unas plantillas mermadas y al límite.