El magistrado del TC Valdés dimite tras su procesamiento
Evita que el Pleno tenga que suspenderle
El magistrado del Tribunal Constitucional procesado por un delito de violencia de género Fernando Valdés, ha puesto este miércoles su cargo a disposición del presidente de la institución, según informaron a ABC en fuentes jurídicas. Da así un paso atrás antes de que la institución convoque un Pleno para suspenderle, como es su potestad habida cuenta de que el Tribunal Supremo ha propuesto enviarle a juicio.
Valdés, que esta misma mañana ha participado en un acto del Constitucional junto a sus compañeros magistrados, ha comunicado esta decisión de la que estaba pendiente del Alto Tribunal, como ya adelantó ABC, desde que el Tribunal Supremo encontró indicios suficientes la semana pasada como para proponer que sea enviado a juicio.
En concreto, el instructor nombrado en el Supremo para entender de este asunto, Andrés Martínez Arrieta, acordó el pasado 7 de octubre dictar auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) al apreciar indicios de un delito de malos tratos contra su mujer, tras escuchar a ambos y a varios testigos en declaración.
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto. Aquella tarde Valdés mantuvo una discusión con su esposa, quien para zanjar el asunto subió a un piso superior confiando en que dadas las patologías que sufría el magistrado no le siguiera, pero este subió y la mujer, temiendo por su integridad, gritó «Socorro, auxilio, ayúdenme por favor».
Valdés, al percibir que los gritos eran oídos por personas que estaban en un parque público cercano a su vivienda en Majadahonda, cerró la ventana, corrió las cortinas y continuó la discusión.
«Desde el exterior, los viandantes percibieron movimientos bruscos y golpes, que determinaron una lesión, no diagnosticada, en el dorso de la mano derecha de la mujer», añade el auto del juez, que precisa que estas personas alertaron enseguida a la Policía.
Así, el instructor le procesó por un delito del artículo 153 del Código Penal, que castiga con seis meses a un año de prisión o trabajos a la comunidad a quien «por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico» o una lesión, o «golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia».
Enmarcado en el sector progresista del Tribunal Constitucional, Valdés es uno de los cuatro magistrados cuyo puesto está pendiente de renovación tras concluir su mandato hace diez meses y actualmente se encuentra apartado de sus funciones en el tribunal por baja médica.
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