Los beneficiados por los fondos que iban destinados a cooperación son del entorno de Convergencia

La Policía cifra este desfalco en al menos dos millones de euros y ha detenido a 29 personas, entre ellas un expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, un hombre de la máxima confianza de Quim Torra . Cinco de los arrestados serán puestos a disposición judicial.

Los fondos desviados estarían destinadas a proyectos de cooperación al desarrollo en países de Iberoamérica, Marruecos y Bosnia entre otros. Las partidas investigadas se remontan al periodo que va entre 2012 y 2015 . La CUP denunció en 2016 que la Diputación de Barcelona concedía subvenciones de forma opaca, sin publicidad ni concurrencia pública y así se lo comunicó a la Oficina Antifraude. No obstante, estas pesquisas tuvieron su origen en una denuncia anónima.

Medio millar de agentes, dirigidos por los máximos responsables de la Comisaría General de Policía de Judicial, participan en la operación policial. No se descarta que parte del dinero haya ido al bolsillo de algunos particulares para su enriquecimiento personal . Asimismo se investiga si también sirvió para financiar la antigua Convergència o entidades vinculadas a ese partido.

Los registros de hoy forman parte de una investigación que comenzó hace dos años. Los agentes han entrado en el departamento de Gobernación y también realizan registros en sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona , así como en entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas todas ellas vinculadas al nacionalismo.

Según han confirmado a ABC fuentes del caso, la operación ha dejado cerca de 30 detenidos y la operación, que ha empezado a las nueve de la mañana, continúa abierta. Se imputan los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones . Entre los arrestados durante la operación están el alcalde de Tordera (Barcelona), el convergente Joan Carles Garcia y, como se ha señalado, el expresidente de la Diputación Salvador Esteve. El diputado del Parlament, Francesc Dalmases , de Junts per Catalunya, estaría implicado en el caso, pero no ha sido arrestado . Este diputado autonómico es muy próximo al fugitivo Carles Puigdemont y además es miembro de la Asociación IGMAN Acció Solidaria, que igualmente fue registrada.

Una de las líneas de investigación que se se han seguido es el flujo de dinero entre CatMón, IGMAN y la empresa Discatimat S.L . Sólo estas dos entidades han recibido en el periodo investigado, los años 2011-2015, más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes , entre ellos de la propia Diputación, por lo que se sospecha que el fraude sería mucho más elevado.

Una de las entidades privadas registradas es la fundación CatMón, cuya razón de ser principal es que se reconozca a Cataluña como nación en todo el mundo . Su presidente es Víctor Tarradellas, otro de los arrestados y muy próximo a Dalmases, quien aparece como director controlaba la entidad. Asimismo hubo registros en la Oficina de Cooperación al Desarrollo.

La mayoría de los implicados son personas muy activas dentro del mundo del independentismo , según las fuentes consultadas por ABC, y algunas están ligadas a empresas y entidades que han jugado un papel relevante en este ámbito. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha precisado que las detenciones se han realizado «para garantizar la ejecución de entradas y registros». De hecho, poco después de la una de la tarde, el expresidente de la Diputación de Barcelona ha sido puesto en libertad con cargos.

La operación, denominada «Estela», está dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona -que lleva más de un año investigando el entramado- y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, y se desarrolla en las provincias catalanas de Barcelona, Tarragona y Gerona.

La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont , el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.

De confirmarse que los fondos desviados servían para financiar el proceso independentista se habría dado un paso enorme para demostrar el delito de malversación de fondos públicos del que se acusa a sus máximos responsables. Hasta ahora, en este campo solo hay una investigación de la Guardia Civil que cifraba en 1,9 millones el dinero malversado para esa causa.

Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva , uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.

Fuentes de la investigación están preocupadas porque la publicación por parte de algunos medios de comunicación de la noticia de la operación antes de comenzar a realizarse los registros ha podido servir para que alguno de los implicados destruyera documentación comprometedora.