El lobby de la Generalitat vulnera la ley en Estados Unidos

Esta ley está en vigor desde 1938 y obliga a registrarse como agente extranjero a toda persona que actúe «como representante, empleado, servidor o en cualquier otra capacidad bajo la orden, solicitud, dirección o control de un funcionario extranjero o cuyas actividades sean supervisadas, dirigidas, controladas, financiadas o patrocinadas directa o indirectamente, en parte o íntegramente por un funcionario extranjero». Solamente quedan exentos de ese registro los miembros de las misiones diplomáticas y consulares presentes en EE.UU.

Según consta en los archivos del departamento de Justicia norteamericano, la delegación catalana en EE.UU. se inauguró en 2008, con Andrew Davis como representante elegido por un decreto firmado por José Montilla. Operó seis años sin estar registrada como agente extranjero, algo que finalmente hizo en mayo de 2014. En los documentos presentados por Davis al gobierno de EE.UU. queda reflejado un gasto que supera el millón de euros anual y una intensa labor de lobby: en los días anteriores y posteriores al referéndum de independencia de octubre de 2017 Davis y su subalterno, el periodista Xavier Vila , mantuvieron una frenética serie de reuniones con 25 representantes de diputados y senadores en el Capitolio para recabar apoyos a la independencia.

El miércoles, el departamento de Estado norteamericano publicó su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y en este negó que en España existan presos políticos o se vulneren los derechos humanos . «El Gobierno por regla general respeta la independencia y la imparcialidad de la justicia», dijo.

La «embajada» catalana en EE.UU. reabrió en octubre de 2018, después de 10 meses cerrada por la aplicación del 155. La nueva «embajadora», elegida por concurso público, es la investigadora de Harvard Victòria Alsina , que se ha negado repetidamente a hablar con este diario. Su salario base es de 82.209 euros, más una serie de complementos añadidos por residir en el extranjero. Según confirmó el jueves a este diario Marc Raimondi , portavoz del departamento de Justicia norteamericano para asuntos relacionados con la seguridad nacional, a finales de 2017 la delegación catalana dejó de estar registrada. En la base de datos de agentes extranjeros no figura ninguna alta en semanas o meses recientes .

Preguntado por este diario, un portavoz del departamento de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña dijo que «el registro se volvió a hacer, está todo presentado». Esas fuentes añaden que «el registro sólo es para informar de reuniones que se tienen con el gobierno de EE.UU.». Es posible, por lo tanto, que la «embajada» haya iniciado los trámites para darse de alta recientemente, pero su registro no estaba aparentemente vigente cuando la «embajadora» Alsina acompañó hace dos meses al presidente catalán Quim Torra al Capitolio a pedir mediación internacional con España a un grupo de diputados demócratas y republicanos.

En su paso por Washington, Torra se vio con los republicanos Paul Cook y Mario Díaz Balart , además de con los demócratas Jon Garamendi y John Lewis . En al menos una de las reuniones, el presidente autonómico catalán dijo que el Gobierno español de Pedro Sánchez había dado indicaciones de que aceptaría la figura de un mediador internacional, según dijo a ABC el asistente de uno de los políticos con los que se vio Torra. Dos semanas después la vicepresidenta Carmen Calvo anunció que esa mediación correría a cargo de «un relator», algo a lo que finalmente renunció el ejecutivo.

La aplicación del 155 llevó a los dos delegados despedidos, Davis y Vila, a fundar una organización sin ánimo de lucro que lleva el nombre de Catalonia America Council . En 2018 se registró en el fisco norteamericano como una organización exenta de impuestos bajo el epígrafe 501(c)(3) que según la ley se reserva para organizaciones de servicio público a través de actividades sociales, educativas, religiosas.

Los diversos expertos en la ley de agentes extranjeros consultados por este diario no llegaron a un consenso definitivo sobre si una organización como el Catalonia America Council debería registrarse como agente extranjero. El abogado Josh Rosenstein, de la firma Sandler Reiff, asegura que «la exención de impuestos de una organización sin ánimo de lucro no le impide tener que registrarse como agente extranjero si cumple los requisitos para ello». «La pregunta a responder es si esa organización trabaja para un gobierno extranjero o se coordina activamente con él. Si lo hace, debería registrarse», asegura Rosenstein.

Davis ha rechazado también responder a las preguntas de este diario, pero hay algo innegable: la apertura del Catalonia America Council la hizo Torra en persona, desplazado a Washington en junio de 2018. En su discurso inaugural, el presidente autonómico catalán declaró que el Catalonia America Council sería «un agente clave para reforzar el nexo entre Cataluña y EE.UU.».

Las campañas que defiende esa supuesta organización benéfica no es que sean parecidas a las de la Generalitat, es que son idénticas. En sus comunicados denuncia que en España existen presos políticos , que no hay presunción de inocencia y que se violan los derechos humanos.

Según explica a ABC Craig Holman, experto en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y veterano lobista en la organización Public Citizen, «la principal razón para que cualquier representante de un Gobierno extranjero quede exento de registrarse ante el Gobierno de EE.UU. es que sea parte del cuerpo diplomático o consular».

No es desde luego el caso del Catalonia America Council, que es una organización supuestamente caritativa. Pero esa razón tampoco debería ser válida para la delegación catalana, aunque sus empleados cobren del erario público o sean funcionarios. El departamento de Estado confirma que no ha aceptado ninguna presencia diplomática o consular de Cataluña porque, como el resto de la comunidad internacional, no reconoce la independencia catalana. Sin embargo, según una publicación de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, esa delegación reabierta en Washington tiene como objetivo «facilitar las relaciones bilaterales con las autoridades de Canadá y EE.UU.».

Preguntadas por este diario, fuentes de la embajada española en EE.UU. aseguran que siguen «de cerca las actividades de los representantes de la Comunidad Autónoma, y prestarán especial atención a que dichas actividades se enmarquen en sus competencias constitucionales y legalmente establecidas. Esa vigilancia se extenderá a cualquier actividad o declaración cuyo objeto sea poner en duda el carácter democrático de España».