El juez descarta riesgo de fuga en el líder del Frente Polisario, que sigue en libertad sin cautelares

En un auto dictado este martes, Pedraz expone que «no puede apreciarse riesgo de fuga alguno» . «No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la Justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración», señala.

En cuanto a la destrucción de pruebas, el instructor señala que Gali no puede alterar ninguna evidencia y, menos aún, actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna, habida cuenta de la fecha de los hechos investigados y de que no se ha solicitado diligencia de prueba alguna.

Además, para el instructor, la acusación, cuya legitimidad ha sido cuestionada, «no ha suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno ; no bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que el Sr. Gali entró en España ilícitamente».

Pedraz respondía así a la petición de las dos acusaciones que se han querellado contra Gali y que, tras escucharle en declaración, habían solicitado que se le impusieran medidas cautelares para evitar su salida del país y, en concreto, prisión provisional, retirada de pasaporte o una pulsera de localización telemática.

La Fiscalía había informado en contra de las cautelares, como ha venido manteniendo desde que Gali llegó a España , por entender que no se daban los requisitos de necesidad y provisionalidad necesarios para la adopción de medidas lesivas de derechos fundamentales.

Gali ha comparecido este martes por videoconferencia desde el hospital de Logroño donde permanece ingresado por coronavirus desde que fue evacuado a España por Argelia el pasado 18 de abril, desatando una tormenta política con Marruecos.

Sin quitarse la mascarilla y a lo largo de algo más de hora y media, ha ido respondiendo a preguntas del fiscal y su propio abogado, el penalista Manuel Ollé, ha negado haber tenido nunca nada que ver con las torturas y los delitos de lesa humanidad que le imputan las querellas y ha asegurado que en aquella época, como ministro de Defensa, no tenía responsabilidad alguna ni capacidad de acción en las conductas que describen los querellantes.

Conforme ha explicado el propio Ollé al término de la comparecencia, en un estado de salud «muy débil», ha procurado responder para dejar claro que es «absoluta y rotundamente falso» el relato de hechos que contienen las querellas. «Ha explicado que como ministro de Defensa, en aquella época no tenía ningún tipo de responsabilidad ni capacidad de actuación», ha añadido.

El letrado ha incidido en que las propias testificales que recogen las querellas «desmienten que Gali cometiera las torturas, desapariciones o cualquier tipo de conducta ilícita» y ha prosperado porque se trata de una iniciativa «política para tratar de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino a la autodeterminación».

En este sentido, atribuye «mala fe procesal» a los promotores de las querellas, que han forzado la celebración de una vista de medidas cautelares al término de la declaración en la que han instado prisión provisional, en dos de los casos; y retirada del pasaporte en un tercero.

Ollé, conforme ha explicado, no cuenta con que el instructor vaya a adoptar ningún tipo de medida cautelar porque entiende que con lo que obra en autos, no está justificado. Si resulta ser así, pedirá a renglón seguido el sobreseimiento de la causa. Entiende que estas querellas y en especial la del activista saharaui que denuncia haber sido sometido a detención ilegal y torturas durante una visita a los campos de Tinduf, «nunca debió haberse admitido a trámite» y ha utilizado al líder del Polisario como «un trofeo».

Por su parte, la abogada de ese bloguero, María José Malagón, ha incidido en declaraciones a los medios en que la querella, «de política, nada», pues es «una cuestión de derechos humanos» y contiene «una casuística pormenorizada de días, personas, nombres propios que no han podido ser sometidos a contradicción» porque Gali no ha contestado a las acusaciones.

«Está muy bien lo que diga su defensa, pero la primera vez que presentamos la querella, se archiva, se recurre y se gana. Si está aquí es porque hay algún indicio. No creo que ningún juzgado dé rienda suelta a una instrucción si no los hay », ha señalado. En representación del activista, Fadel Breica, ha pedido para Gali prisión provisional y ha criticado que la Fiscalía no haya instado «ni una sola medida cautelar». Teme que le dejen abandonar España sin que se complete la investigación de los hechos.