El líder de Òmnium sustrajo carteles del referéndum de un vehículo de la Guardia Urbana de Badalona

Este suceso consta en un atestado abierto por la Guardia Urbana de Badalona -equivalente a la Policía Local-, y está incorporado como una prueba al informe de la Guardia Civil que forma parte de la investigación por sedición en la Audiencia Nacional, y al que ha accedido ABC. Numerosos indicios sugieren que Cuixart se empleó a fondo -tanto antes como durante el 1 de octubre- para obstaculizar la labor de la Policía y la Justicia , determinados a impedir la votación suspendida por el Tribunal Constitucional. Cuixart, que el lunes vuelve a declarar y podría acabar en prisión si lo pide la Fiscalía y lo acuerda la juez, alentó la movilización soberanista.

Según el atestado de la Guardia Urbana, sus agentes se incautaron de 25 carteles de apoyo al referéndum en Badalona y los guardaron en un vehículo. Los policías indentificaron a las cinco personas que los colgaban en las farolas por las calles de la ciudad gobernada por la coalición Guanyem Badalona En Comu, una alianza de izquierda que agrupa a representantes de la CUP, Podemos , Procés Constituent, ramas de Izquierda Unida y Alternativa y miembros de los Verdes.

Tras ese momento, las personas que pegaban los carteles comenzaron a realizar llamadas. Esto provocó que veinte personas más acudieran al lugar de los hechos, «en actitud cada vez más hostil». Entre ellos se encontraba Cuixart, imputado por sedición, un delito castigado con hasta quince años.

Una de las cinco personas identificadas contactó por teléfono con la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater , una de las regidores que cedió locales municipales para la votación ilegal. Sabater fue por ello llamada a declarar por la Fiscalía pero no acudió. Desde el teléfono, Sabater cuestionó a los agentes de Badalona dónde estaba la orden judicial para requisar los carteles, según se informa en el atestado.

En torno a los policías de la Guardia Urbana fue congregándose más gente, que les rodeó e increpó. Apareció el tercer teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Téllez , quien pidió a los agentes que entregaran todo el material intervenido por el 1-O.

Después de la negativa de los guardias urbanos, Téllez y Cuixart sustrajeron los 25 carteles incautados. El resto de la masa de gente evitó que los dos agentes pudieran hacer nada, explica la Guardia Civil en el informe. Después, el tercer teniente de alcalde de Guanyem Badalona entregó el material a las personas congregadas.

La Fiscalía General del Estado , en una instrucción, ordenó a las policías locales de Cataluña -igual que a los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil - que requisaran todo el material preparativo del referéndum ilegal. La instrucción se transmitió a la Fiscalía Superior de Cataluña, y de ahí a las Fiscalías provinciales, hasta llegar a los agentes locales. Badalona fue uno de los municipios catalanes que protestaron por ello, al argumentar que la orden vulneraba las funciones de las policías locales.

La coalición de izquierdas Guanyem Badalona En Comu gobierna el Ayuntamiento de la ciudad desde 2015, cuando relevó a Xavier García Albiol, del PP , alcalde desde 2011 y quien ganó las últimas elecciones a falta de cuatro concejales para la mayoría absoluta.

Ese incidente con la justicia no es el primero protagonizado por los gobernantes del ayuntamiento de Badalona . El equipo municipal desobedeció una orden judicial al abrir las puertas del Consistorio el 12 de octubre del año pasado, el Día de la Fiesta Nacional, para supuestamente expresar su indiferencia respecto a esta celebración.

Téllez acudió al ayuntamiento y allí rompió la notificación judicial que les impedía abrir ante las varias decenas de congregados. Varios cargos electos atendieron a las 200 personas que acudieron a informarse de forma repentina sobre trámites municipales, movilizadas para la «performance» .

La sustracción de los carteles incautados por la Guardia Urbana forma parte de los indicios acumulados contra Cuixart, quien trató de entorpecer la labor judicial con el último fin de alcanzar la independencia por vías ilegales, según los investigadores.