La ley de Memoria de Sánchez cosecha ya más rechazo que la de Zapatero

Sin embargo , los números acreditan que la realidad está siendo la contraria. El texto continúa su tramitación en la Cámara Baja y el pasado jueves pasó a la fase de informe con 149 votos en contra asegurados para su siguiente votación. Una cifra que amenaza con crecer hasta los casi 180 y tumbar el proyecto. Los ‘noes’ ya inamovible son de PP, Vox y Ciudadanos a los que se unirán muy probablemente otros cuatro de UPN, Foro, y el diputado tránsfuga de la formación naranja. Otros 25 votos procedentes de ERC, Bildu, Junts, CUP o BNG se sitúan en este momento en el ‘no’. Frente a este fuerte rechazo, la mayoría de los artículos de la ley de Memoria Histórica fueron aprobados en 2007 por una mayoría absoluta de 185 y 137 ‘noes’. Bolaños admitió en octubre que «el Gobierno tiene la responsabilidad de intentar llegar a acuerdos con todos» pero esta semana no ha llamado al PP para negociar, pese a ser el principal partido de la oposición. ERC sí recibió una pertinente –e infructuosa– llamada de los socialistas, al igual que Cs.

La nueva ley impulsada por Pedro Sánchez no trae, por tanto, más concordia y reencuentro sino menos, no supera el enfrentamiento sino que lo aviva, y no fortalece los valores de la Transición sino que los revisa como quedó patente la semana pasada cuando PSOE y Unidas Podemos registraran una enmienda que reinterpreta la Ley de Amnistía de 1977 . Aquella ley, en cambio, sí fue aprobada con un consenso prácticamente unánime: 296 votos a favor, frente a dos en contra, uno nulo y 18 abstenciones. Y es que otra realidad que apuntan las cifras es que cada proyecto de ley impulsado sobre la dictadura genera más enfrentamiento político y recibe mayor rechazo que el anterior.

Por el camino se va haciendo jirones la posición del PSOE, al tener que hacer cesiones para recaudar los votos necesarios con los que aprobar un proyecto que tanto en 2007 como ahora se considera «estrella». En 1977, los socialistas no solo estuvieron entre los 296 diputados que votaron a favor de la ley de Amnistía sino que fueron uno de los grupos que la impulsaron junto a la Unión de Centro Democrático, el Grupo Mixto, el Grupo de la Minoría Vasco-Catalana y el Grupo Comunista. Alianza Popular fue el único partido que ni impulsó el proyecto ni votó a favor ya que optó por abstenerse. Los socialistas expresaron por boca de su entonces diputado Josep Maria Triginer el convencimiento de que esa ley abría «una etapa fundada en la esperanza de que pudiera haber acuerdos en el Parlamento que solucionaran las diferencias políticas».

Pero no hace falta remontarse 44 años atrás para encontrar cambios de posición. El propio Félix Bolaños ha mutado su postura en solo un mes ya que en octubre sacó pecho de que la nueva ley de Memoria no «pone el foco en la justicia punitiva», y la principal enmienda registrada por PSOE y Unidas Podemos la semana pasada ha sido una reinterpretación de la ley de Amnistía con la que decían «garantizar el derecho a la justicia de las víctimas». El ministro de Presidencia aseguró que el texto tampoco ponía el foco «en la reparación económica», pero otra de las enmiendas va en este sentido. Ambos cambios buscan ablandar la posición de ERC y amarrarle al ‘sí’. Pero el efecto ha sido el contrario –«es un engaño al personal», cargó Gabriel Rufián– por lo que los socialistas tendrán que ceder más si quieren sacar el proyecto adelante.

Los independentistas argumentan que el Gobierno toma el pelo a las víctimas con lo que consideran un texto que no es más que un enjuague del ya vigente. Por su parte, el Ejecutivo confía en hacer cambiar de opinión a ERC y a Bildu para aprobar el proyecto aunque sea por la mínima. El pulso se antoja difícil para los socialistas. «Pensaban que les íbamos hacer la ola por cualquier texto y que llevara en el título la palabra ‘memoria’ pero esto es un asunto crucial y no estamos dispuestos a aceptar un simple lavado de cara de lo que ya hay», subrayaba esta semana uno de los socios del Gobierno. «El argumento de que no aprobar esta ley es ir en contra de las víctimas ni cuela ni nos presiona : defendemos la memoria de los torturados, represaliados y asesinados precisamente plantándonos ante este postureo del Gobierno», advertía otro. La Moncloa quiere sacar adelante el proyecto de Memoria Democrática cuanto antes pero, si lo logra, incumplirá la máxima con la que justificó su impulso: la reconciliación de todos.