La nueva ley de Carmen Calvo, a la espera de dos informes

Antes de que el texto vuelva a La Moncloa a por el último visto bueno del Consejo de Ministros y acto seguido ponga rumbo al Congreso de los Diputados, es necesario que el gabinete de Carmen Calvo analice los dictámenes formulados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal. El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige la vicepresidenta primera, adelantó que a lo largo del procedimiento tenía previsto solicitar sendos informes antes de dar carpetazo a la redacción de la ley.

Durante meses, sin embargo, el Gobierno ha dilatado este trámite retrasando la solicitud de ambos dictámenes. En la página 8 de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, el dosier con el que el ministerio debe justificar la pertinencia de la ley y los costes de todo tipo –económicos, legales, sociales…– que están vinculados a la misma, el gabinete de Calvo detalló que solicitarían dos informes, tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal aplicando las premisas que establece la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que regula el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos en su artículo 26.

Este epígrafe da carta blanca a la Administración para que «a lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabe, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto».

Esta norma, sin embargo, también permite que el Gobierno juegue con los plazos a la hora de tramitar anteproyectos normativos como este. El texto que regula su elaboración únicamente establece la obligación de que los informes que se vayan a solicitar, estén listos antes de llevar por segunda vez el anteproyecto al Consejo de Ministros para que se le dé traslado del proyecto normativo a las Cortes.

Además, también están tasados los plazos en los que los organismos interpelados deben devolver sus dictámenes. « Salvo que normativamente se establezca otra cosa, l os informes preceptivos se emitirán en un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administración o a un órgano u organismo dotado de especial independencia o autonomía». No obstante, también se contempla que el gabinete interesado pueda solicitar de manera motivada «la emisión urgente de los informes, estudios y consultas». Entonces deberían ser devueltos en la mitad de tiempo. De esta manera, desde La Moncloa han podido tener dormido este proyecto a falta de escoger el momento idóneo en el que solicitar los informes, conociendo con precisión cuándo podrán emplear la nueva ley de memoria histórica en beneficio de sus intereses políticos.

Este diario ha solicitado en repetidas ocasiones, y a través de los mecanismos de Transparencia, la copia de ambos documentos. Mientras que en el mes de febrero el gabinete de Memoria Democrática admitió en una resolución que todavía no los había solicitado, en otra respuesta, fechada ya en marzo, fue un paso más allá y avanza que todavía no le constaba que hubieran sido remitidos los informes por parte de los órganos consultivos.

El matiz confirma que ha vuelto a tomar impulso este procedimiento normativo que, desde el principio, ha estado rodeado de polémica. Pese al interés del Ejecutivo por sacarlo adelante, en las consultas a la ciudadanía y entre opiniones favorables a esta iniciativa, también se sucedieron las críticas de familiares de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. Exigieron al Gobierno menos leyes y más hechos, llegando a subrayar que no hacía falta una nueva norma en la materia, ya que la actual es suficiente para acometer trabajos como pueden ser la exhumación y localización de fosas.