«Kichi», ante el juez imputado por prevaricación y malversación en la gestión de los chiringuitos de Cádiz

Según la providencia dictada por la juez, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde está llamado a declarar a las 10,00 horas en el Juzgado número 3. Además, posteriormente, también declararán en calidad de testigos representantes legales de los chiringuitos .

Cabe recordar que Cs interpuso la denuncia en el mes de julio, siendo admitida a trámite en el mes de agosto. Según explicaron el portavoz municipal de Cs, Juan Manuel Pérez Dorao , y la edil María Fernández-Trujillo, la denuncia fue contra el alcalde «al ser éste el que ha firmado el decreto de la concesión de la gestión de los chiringuitos a los empresarios donde se aprecia la presunta comisión de dos delitos».

A juicio de Cs, ha cometido prevaricación y malversación de fondos al realizar con el decreto la concesión administrativa de los chiringuitos de la que el Consistorio era titular a los empresarios titulares de la explotación « sin presentar un concurso público y ceder las concesiones de forma gratuita y arbitraria sin pedir contraprestación alguna, lo que es evidente perjuicio para el patrimonio municipal».

En este sentido, Fernández-Trujillo señaló que la concesión administrativa cedida poseía «relevantes novedades» con respecto a anteriores, «como mayor espacio al ampliar los recintos a 150 metros, estar instalado durante todo el año en lugar del máximo de nueve meses, así como ampliar la duración de la concesión de 15 a 30 años».

Asimismo, señaló que tras ser avisado en el mes de febrero, en el mes de julio intentó, a través de la Junta de Gobierno Local, "declarar caducado el expediente de transmisión de la concesión a los empresarios intentado con ello crear la apariencia de que la transmisión no se hubiera producido".

«Sin embargo, la transmisión sí se ha producido y así lo entiende la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que aceptó el decreto municipal y confirmó su validez en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)», explicó Pérez Dorao, que añadió que «al ahora decir el gobierno local que esa transmisión no se ha producido, algo que para la Consejería es 'papel mojado', ha generado una situación de inseguridad jurídica entre los empresarios de los chiringuitos».