Juristas claman por un pacto que preserve la separación de poderes

Para Manuel Almenar, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la reforma es contraria al espíritu del artículo 122 de la Carta Magna . Recuerda que en el año 1986 el TC validó el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial por parte del Parlamento, pero respetando la mayoría cualificada de tres quintos que la Constitución exige para los ocho juristas. «Sólo así podía garantizarse la representatividad de todo el arco parlamentario», explica.

«Cuando hablaban de asalto al Poder Judicial pensaba que era una exageración, pero lo cierto es que cualquier país que pasa de democracia a dictadura tiene que acabar con el régimen de pesos y contrapesos, y para ello hay que hacerse con el Poder Judicial. ¿Y cómo lo doblegas? Sometiéndolo», reflexiona. Ahora ya cree que detrás de esta proposición de ley «hay hay un propósito claro». «La excusa es que hay que renovar el Consejo, pero para eso no se puede pisotear la Constitución». Su asociación, como otras que representan a la carrera, está dispuesta a llevar a Europa este «atropello».

En su opinión, es responsabilidad del Parlamento adoptar las medidas necesarias para que se cumpla lo que es una obligación constitucional.

«Lo escandaloso es que con la excusa de resolver problemas políticos se atente contra los pilares esenciales del Estado de Derecho: la sujeción de todos (ciudadanos y poderes del Estado) a la Constitución y la división de poderes. El Poder Judicial es la clave de bóveda del sistema. Los pesos y contrapesos garantizan que cada uno de los poderes no se extienda más allá de sus competencias e intente controlar a los otros, y es ese control mutuo el que garantiza o salvaguarda la democracia», apunta.

Almenar, vocal del Consejo durante el anterior mandato, dice que con esta reforma el Ejecutivo pasaría a asumir indirectamente competencias que la Constitución le sustrajo para evitar ese control. A ello se suma, además, que entre esos 176 votos que se precisan para la reforma están los de partidos que se han declarado contrarios a la Constitución, lo que «no había pasado nunca». «Las reiteradas descalificaciones y ataques a jueces por ejercer su función revelan el desprecio por los valores esenciales del Estado de Derecho», señala.

Critica el carácter retroactivo de la reforma, en el sentido de que obvia que el proceso que atañe a la renovación del cupo de jueces se inició ya hace más de dos años y las asociaciones ya habían presentado sus candidatos. «Bastaría que nuestros 'políticos' hubieran tenido la decencia de leer la recomendación de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho dirigida a Polonia de 26 de noviembre de 2017 para darse cuenta de la gravedad y posibles consecuencias de esta actuación», concluye.

Comparte este argumento el actual vocal del Consejo José María Macías, para quien la reforma es «inapelablemente» contraria a la Carta Magna. Recuerda que «la arquitectura constitucional establece la división de poderes y el CGPJ ha de der neutral». El Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE hablan de una «exigencia efectiva» de separación de poderes. Y si el TC salvó el riesgo de politizacion del Consejo «fue precisamente por esa cautela de la mayoría de tres quintos».

A su juicio, «no es una reforma anecdótica», sino parte de un plan que comenzó con el desembarco de la exministra de Justicia en la Fiscalía General. «Ese fue el primer paso que se dio para que un gobierno comenzara a introducirse en la justicia. Yo no calibré entonces adonde podía conducir eso, y es a que un gobierno se sintiera legitimado para decirle al CGPJ cómo tiene que ejercer sus funciones. Se ha generado una tensión con el Poder Judicial hasta ahora inexistente», opina.

Como Almenar, confiesa que en un principio pensó que la reforma era un órdago, pero cambió de opinión cuando se presentó en el registro de una cámara parlamentaria, que ya es algo más serio. Opina que si ahora se retira será porque el Gobierno «se vea desbordado por los acontecimientos y por la reacción de Europa».

No exime al PP de responsabilidad. «Se está produciendo una anomalía y el PP tiene su parte de culpa , pero no se puede reprochar a una parte de la negociación el hecho de que haya sido fallida». Recuerda que cuando el TC tardó años en renovarse porque el PSOE no aceptaba a Enrique López y Francisco Hernando como magistrados «a nadie se le pasó por la cabeza romper la Constitución», argumenta. «El PP tiene la obligación de negociar aunque esté Podemos en el Gobierno, y Podemos, aunque tenga actitudes antisistema, tiene que comportarse de forma que haga posible la negociación, porque con quien dice barbaridades es difícil sentarse».

La opción de agotar el acuerdo es la clave para el expresidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala, que culpa del fracaso a los políticos, no al sistema, que, como recuerda, es mixto, de forma que los jueces intervienen en la selección de los candidatos que se presentan al Parlamento. Luego este los elige.

«En la renovación del órgano de un poder del Estado no puedes decir que no te sientas en la mesa. No sé dónde estamos dejando a Montesquieu», reflexiona.

El también expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo apunta que si se atiende al tenor literal del artículo 122 de la Constitución, la mayoría de tres quintos se refiere al cupo de los ocho juristas. Respecto a los otros doce «la Constitución calla». «Prescindir de esa mayoría de tres quintos no está bien, pero no sentarse a negociar tampoco», insiste. Por eso cree que la iniciativa de reforma no puede desvincularse de la actitud del PP, y sostiene que el TC tiene herramientas para obligar a los partidos a cumplir con un mandato constitucional.

Sala defiende la independencia del órgano de gobierno de los jueces y niega que haya politización Así, alude a su mandato como presidente del CGPJ, en el que el órgano emitió un dictamen contrario a la «ley de la patada en la puerta» que se saldó con la dimisión del ministro socialista José Luis Corcuera.

Para el catedrático y penalista Luis Rodríguez Ramos, la reforma planteada es «extravagante y desproporcionada» y supone un paso atrás en la independencia judicial. «La división de poderes está en juego», advierte.