Juicio parlamentario a las «escuchas de Interior»

Pero al margen de eso, con toda probabilidad, el Congreso aprobará el próximo martes poner en marcha una investigación propia sobre la actuación del ministro, y lo hará en función de una iniciativa liderada por el PSOE, a la que Podemos dará su apoyo, parece que también Ciudadanos y está por ver los independentistas de ERC y PDC (antigua CiU), ya que han presentado cada por su lado en la Cámara sendas propuestas particulares en igual sentido. Los socialistas subrayan que su intención es que se examine «la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato de Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines políticos», en palabras de su portavoz parlamentario, Antonio Hernando.

El ministro, de visita ayer en Pamplona, tildó de «lamentable» esta situación, que está a punto de convertirle en objeto de la primera comisión de investigación que pone en marcha el Parlamento tras la que abordó el 11-M. Su partido, el PP, puso en relieve el hecho de que sea el PSOE el que está capitaneando la acción, lo que a juicio del portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, es una forma de hacerle el «trabajo sucio» a los independentistas para ganarse su «favor» y que acaben respaldado un imaginario gobierno de «Sánchezstein». Es decir, de Pedro Sánchez con múltiples y heterogeneos aliados.

Se da la circunstancia de que las escuchas al ministro del Interior con Daniel de Alfonso están siendo investigadas por orden del propio ministro por la Policía Judicial, que trata de desvelar la autoría de las grabaciones. También es cierto que la falta de una denuncia en los juzgados por parte del propio Jorge Fernández está dificultando avanzar ya que, al no estar el caso judicializado, los agentes no pueden desarrollar todas las pesquisas que quisieran ni hay posibilidad de contar con órdenes de un juez que abran puertas ahora cerradas.

De hecho, tanto el ministro como De Alfonso -que fue inmediatamente destituido de su cargo- se declararon profundamente perjudicados por la filtración de sus conversaciones, pero ninguno de los dos ha recurrido a los tribunales para defenderse. Sobre el último, no aforado, son las Fiscalías Provinciales de Madrid y de Barcelona las que tienen que decidir si aprecian o no en él signos de los delitos por los que los independentistas quisieron atribuir sin éxito al ministro.