El juez sienta a Guillermo Zapata en el banquillo

El mensaje por el que será juzgado, publicado en Twitter en 2011, decía: «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene Villa a por repuestos». Los jueces de la sección segunda de la Sala de lo Penal -encargados de resolver los recursos contra las decisiones de Pedraz en esta causa- obligaron al juez investigador a dar este paso: ellos valoran que el comentario es ofensivo en sí mismo -«objetivamente humillante»- y que la intención de Zapata debe analizarse en la vista oral.

La única acusación que se mantiene en la causa, la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, solicita un año y ocho meses de prisión para el edil, a quien considera culpable de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares, castigado en los artículos 578 y 579.2 del Código Penal. La asociación también pide que sobre Zapata recaiga una inhabilitación absoluta durante siete años y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el año y ocho meses de petición de cárcel, según consta en el escrito de acusación, al que ha accedido ABC. Una circunstancia que le impediría ser elegido en las urnas por los ciudadanos.

Aun así, todavía queda que el abogado del concejal -que renunció a la cartera de Cultura, pero no a su condición de edil del distrito de Fuencarral- presente su escrito de defensa , en el que expondrá sus argumentos, informaron fuentes jurídicas.

Aunque en un principio impulsó la investigación a Zapata, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado febrero el archivo del caso . El Ministerio Público considera que el edil no tenía intención de ofender a las víctimas al valorar que ha pedido perdón en diversas ocasiones. Al inicio del procedimiento, la misma Fiscalía recurrió el carpetazo al caso del juez Pedraz porque tomó esta decisión sin ni siquiera interrogar al concejal.

Hasta en tres ocasiones han reabierto la causa tres jueces de la sección segunda de la Sala de lo Penal: Enrique López, Concepción Espejel y José Ricardo de Prada. Éste último se opuso a la última decisión de sus dos compañeros en un voto particular y lamentó que no tuvieran en cuenta la «contextualización» del tuit en cuestión. De Prada fue más allá y afirmó que sentar a Zapata en el banquillo supone «la criminalización

López y Espejel mantienen que el ánimo de ofender -un elemento necesario para que exista delito- debe ser analizado en el juicio tras la práctica de «la prueba pertinente» y no durante la investigación o instrucción.

Cuando declaró como imputado, el edil de Ahora Madrid explicó que no quiso humillar a nadie, reiteró su petición de perdón y ubicó sus comentarios en un debate sobre los límites del humor y la libertad de expresión en internet. Pedraz avaló esta explicación y calificó los comentarios de «humor negro». Otro de los mensajes que Zapata publicó decía: «¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero».

La aludida por el mensaje que será estudiado en el juicio, Irene Villa, envió un escrito al juzgado asegurando que le mensaje no le molestaba. Villa sufrió amputaciones cuando era una niña por una atentado de ETA con bomba. La Sala de lo Penal explicó, sin embargo, que el delito de humillación a las víctimas protege la dignidad de todas las víctimas como colectivo, sin importar que la aludida no se siente ofendida por ello. «No estamos ante una sola expresión relacionada con una víctima del terrorismo, sino ante varias manifestaciones que todas juntas, como mínimo, pueden indicar un cierto grado de desprecio a las víctimas del terrorismo y una cierta y bastante manifiesta trivialización del terrorismo que podría exceder de lo que es un mero ejercicio del humor negro

No será la primera vez que Zapata se siente en un banquillo de los acusados. El concejal de Ahora Madrid se libró de ser condenado por la ocupación del Patio Maravillas , un local en el barrio de Malasaña de Madrid, porque el supuesto delito había prescrito, según informó Efe.