El juez pide a la Comunidad de Madrid documentación de Arpegio y el Plan Prisma desde 2006

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 actúa a requerimiento de la Fiscalía, que fundó su petición en las declaraciones en las que el socio de Granados, David Marjaliza, reveló el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prisma de la Comunidad de Madrid sobre los que ahora se centra la investigación, informa Ep.

Entre la documentación requerida por el juez se encuentran los contratos relativos a los actos de presentación de visitas a las obras y la colocación de «primeras piedras» por un importe que supera los 780.000 euros.

En el auto, de fecha 14 de julio, Velasco señala de forma expresa que la ejecución de su orden «es urgente e inmediata», por lo que tanto la Comunidad de Madrid como los responsables de custodiar la documentación requerida están obligados a «dar pronta y cumplida ejecución de los mandamientos» que se les presenten

El juez Velasco autoriza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar esta información de forma periódica mientras dure la investigación incluyendo los datos que se obtengan ahora los nuevos movimientos y productos contratados sin que sea necesaria una nueva autorización judicial.

Los citados planes, dotados con 1.000 millones de euros según el auto del juez, «se llevaron a cabo bajo la espera de dominio de Francisco Granados como presidente de las Mesas de Contratación, en persona o por delegación». Su dominio sobre las decisiones de adjudicación, según Velasco «era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de redacción del convenio» .

Por esta razón, según el magistrado resulta necesario profundizar en la secuencia de acuerdos administrativos que sirvieron de vehículo de transmisión de sus decisiones a través de dos convenios que fueron formalizados entre el departamento que presidía Granados, el de Presidencia, Justicia e Interior y la empresa pública Arpegio en los años 2006 y 2008.

Igualmente, y tras recibir determinada documentación aportada por la Guardia Civil, el instructor del caso considera necesario estudiar las adjudicaciones que se otorgaron a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos S.A. (DUSA) , en particular los contratos de obras y servicios que se le encomendaron por la Comunidad.