El juez De la Mata imputa a Josep y Pere Pujol por blanqueo

Josep y Pere, cuyos domicilios fueron registrados este jueves por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, están citados para declarar como imputados el próximo 13 de noviembre en la Audiencia Nacional. Será la primera vez que ambos sean interrogados en dicho tribunal, donde el juez De la Mata persigue el hilo de los negocios supuestamente fraudulentos de Jordi, conocido como «Junior» , quien ya declaró por esta causa.

Esta imputación se produce después de los registros y de la llegada de documentación decisiva desde Andorra, adonde el juez De la Mata, que ha heredado la causa de Pablo Ruz , cursó una comisión rogatoria para seguir el rastro del dinero del hijo mayor del clan.

Esta investigación, hasta ahora, se centraba solo en «Junior», quien ha sido dibujado por los empresarios imputados que han declarado en la Audiencia Nacional como un comisionista que ofrecía sus servicios de intermediación sin contratos por escrito. El juez ha expresado ya en diversas resoluciones que aprecia indicios de que muchos de los pagos que recibió Jordi de diversos empresarios no respondían a servicios reales, como también sospecha la Udef. comisiones ilegales

Este paso más refuerza la petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien ha solicitado que todas las causas por las que es investigada la familia se junten en la Audiencia Nacional. Según el Ministerio Público, el clan ha actuado de forma conjunta bajo la dirección de Jordi Pujol Ferrusola, «desarrollando numerosos negocios económicos, así como actuaciones dirigidas a lograr el blanqueo de los capitales obtenidos» María Victoria Álvarez Pablo Ruz

El inicio de la causa nació por una confesión de Mercè Gironés Riera la antigua novia del hijo primogénito del clan , Victoria Álvarez, quien confesó que habían viajado a Andorra en varias ocasiones con montones de billetes de quinientos ueros. De ahí, hasta ahora. El clan completo, ante la Justicia.

En el punto de mira de la justicia se encuentran cinco sociedades a nombre del matrimonio que, según el juez que actualmente dirige la instrucción, José de la Mata, y la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, habrían recibido transferencias de hasta 8,5 millones de euros por parte de 17 grandes constructoras y empresas de servicios que «directa o indirectamente» declararon «ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña».

Se trata de las mercantiles Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing. En todos los casos se sospecha que se trata de empresas 'tapadera' que ofrecieron servicios ficticios para encubrir el pago de mordidas.