El juez de Lezo ordena separar de la cárcel a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino

Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, ha sido trasladado de la cárcel de Soto del Real a la de Estremera después de que el juez García Castellón pidiera por escrito al Ministerio del Interior que no se facilitara la comunicación diaria entre ambos internos.

El juez García-Castellón tomará declaración mañana a Edmundo Rodríguez Sobrino después de aplazar su citación fijada en un principio para el pasado martes. Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el investigado quiere aportar información después de casi dos meses y medio en prisión incondicional dictada el 21 de abril por el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 , Eloy Velasco.

El expresidente de Inassa y mano derecha de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II , la empresa de aguas situada en el centro de la operación Lezo, pidió declarar voluntaria ante el nuevo juez. El supuesto líder de la trama, el expresidente madrileño Ignacio González, también ha pedido comparecer ante García-Castellón.

Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino son los únicos imputados en la trama de corrupción Lezo contra los que el juez Velasco dictó prisión incondicional. A Pablo González , hermano del expresidente madrileño, y a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond les impuso prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros.

Tras el relevo de magistrado en el Juzgado Central 6, Richmond quiso declarar voluntariamente para aportar nueva documentación sobre la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 y solicitar una rebaja en las medidas cautelares para poder «defenderse desde la libertad».

Un día después, el juez García Castellón rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza para poder salir de la cárcel, lo que se hizo efectivo el pasado viernes a última hora . Ahora es Rodríguez Sobrino el que quiere declarar voluntariamente y ofrecer nuevos datos al magistrado para intentar obtener una mejora en sus condiciones, aunque su caso es diferente al de Richmond, ya que él está en prisión provisional sin fianza.