El juez que critica condenas por terrorismo al entorno de ETA, en el tribunal del último caso contra Batasuna

Una clara alusión a los miembros de diversas organizaciones políticas y sociales que se pusieron a las órdenes de ETA y que fueron condenados como colaboradores o integrantes de la banda terrorista por su subordinación a la misma, como es el caso de los miembros de la ilegalizada Batasuna y otras asociaciones.

Esta reflexión es precisamente el argumento principal por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya que se estudie apartar a este magistrado del tribunal que enjuicia la subordinación de los partidos ilegalizados Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) a la banda terrorista, un caso en el que faltan por ser juzgados dos implicados: Jean Claude Aguerre y Xavier Phillipe Larralde. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió su recusación por utilizar un lenguaje similar al de los presos y abogados de ETA, «expresiones que comprometen seriamente su imparcialidad» en estas causas.

En esta causa, 35 antiguos dirigentes de la izquierda abertzale reconocieron haber formado parte de ETA en su intento por reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las siglas de ANV y PCTV, «a las que fagocitaron», y aceptaron dos años de cárcel, la frontera de una condena que permite a un juez suspender la prisión.

En el escrito de la recusación, la AVT razona que las opiniones lanzadas por De Prada «comprometen seriamente su imparcialidad» en la Audiencia Nacional, por lo que se cumpliría una de las causas legales que justifican la recusación: la pérdida de imparcialidad. También ha sido recusado del tribunal que debe dictar sentencia sobre la causa que enjuicio si el etarra Jorge Oláiz intentó asesinar en el año 2000 al concejal de UPN Miguel Ángel Ruiz Langarica.

Las víctimas lo justifican en que el magistrado aseguró que han existido episodios de tortura al detener a terroristas de ETA, con lo que el Estado de Derecho habría traspasado los límites de lo permisible, y defendió que la ley ha derogado derechos fundamentales al permitir la detención incomunicada, una figura avalada por «nuestros más altos tribunales».