El juez busca despejar la X en la operación Kitchen

Esta operación que los investigadores definen como parapolicial y que se habría desarrollado al margen de los juzgados para sustraer documentación comprometedora a Bárcenas arrancó de acuerdo a las pesquisas en torno al mes de junio de 2013. Tras varios acercamientos previos, fue en torno a ese mes cuando el entonces inspector Jefe Andrés Gómez Gordo y el comisario ahora en prisión provisional José Manuel Villarejo captaron a Ríos como confidente. Le ofrecían un «servicio al Estado» en un momento en el que Bárcenas era una suerte de enemigo público. El 27 de junio ingresó en Soto del Real con carácter preventivo en el contexto de la trama Gürtel. Se suponía que buscaban si tenía testaferros y dinero escondido.

El primer recibí que obra en el sumario de los pagos a Ríos con fondos reservados por sus servicios de información, 2.000 euros al mes, es de julio. Y el primer audio transcrito en la causa de conversaciones de Villarejo con el chófer se registró a la vuelta de aquel verano.

Sin embargo, cuando el pasado 6 de octubre el juez ordenó una entrada y registro en casa del chófer intervino una agenda que de acuerdo a las fuentes consultadas por ABC, evidenciaría que el «marcaje» al extesorero había comenzado meses antes . Recoge no sólo una relación de lugares a los que asistía Bárcenas y que podrían incardinarse en las tareas de su conductor, sino también anotaciones relativas a personas con las que se reunía o conversaciones que mantenía por teléfono estando dentro del vehículo.

Según las mismas fuentes, la pregunta ahora es por qué Ríos monitorizaba de ese modo a su jefe , si fue por encargo de alguien a quien reportaba lo anotado, quién era y por qué. Las pesquisas se siguen en una pieza bajo secreto de sumario.

Una de las líneas sobre la mesa es el origen mismo de la contratación de Sergio Ríos y el modo en que acabó conduciendo para Luis Bárcenas. Sin embargo, el extesorero fue llamado a declarar como testigo de nuevo la semana pasada y aclaró que la decisión fue estrictamente suya , según fuentes conocedoras de la declaración.

En primer lugar, porque una persona de su entorno le habló de la posibilidad de fichar a Ríos. En segundo lugar, porque el chófer en el PP no era un extraño : fue conductor de Francisco Granados en su etapa en la Consejería de Justicia y trabajó además como vigilante para Andrés Gómez Gordo como jefe de Seguridad del fallido proyecto del Campus de la Justicia de Madrid. De acuerdo a otra de las fuentes jurídicas consultadas, no fue tanto que Ríos entrase hasta la «cocina» de los Bárcenas deliberadamente como que ya estuviese allí cuando interesó tener a alguien en esa posición.

Es en este contexto donde todas las miradas vuelven a estar puestas en el PP y la posible implicación de alguno de sus dirigentes en la operación para recuperar información sensible que escondería Bárcenas. El botín, según contó el propio Ríos a Villarejo, incluiría audios comprometedore s del entonces líder del PP Andaluz, Javier Arenas. También le habló de otra conversación en un despacho con la otrora secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y «el presidente» en la que Bárcenas habría «amenazado» a Mariano Rajoy con material sobre ella. De acuerdo a las declaraciones de otros investigados, se buscaba una información contenida en dos discos duros que no consta llegasen a aparecer.

Con todo, además de las revelaciones de la agenda de Ríos y las pesquisas sobre su contratación, el propio Bárcenas puso sobre la mesa otro fleco que podría llevar hasta el partido. Declaró, en línea con lo que ya dijo en 2013 a través de un medio de comunicación, que al poco de entrar en prisión provisional recibió una amenaza de un abogado del entorno del PP . En concreto, el letrado le habría dicho que si no guardaba silencio su mujer también acabaría encarcelada. Ante el juez del caso Gurtel se ratificó, pero no quiso identificar al abogado.

Siete años después y ante el juez de Kitchen sí lo hizo y el nombre no sonaba nuevo para los investigadores. Se trata de Javier Iglesias, que al inicio de la causa por los papeles de Bárcenas representaba al extesorero del PP Álvaro Lapuerta. En la actualidad lleva la defensa de la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá y en el sumario de la macrocausa aparece con frecuencia su nombre, ya sea en conversaciones grabadas por el propio comisario, ya sea en el contexto de referencias de terceros, que le conocen bajo el mote de «El Largo».

De hecho, en las transcripciones que obran en el sumario de Kitchen Villarejo se dirige a él como si fuese un intermediario , pidiéndole que «transmita» que no se va a «quedar de brazos cruzados» mientras le «aniquilan».

Iglesias ya en su día emitió un comunicado desmintiendo cualquier tipo de amenazas a Bárcenas o conversación en aquellos términos. En otro de los audios de Kitchen reconoce a Villarejo «que le intentó aconsejar al principio, pero que Bárcenas no se dejó» , de acuerdo al resumen que recoge un informe de Asuntos Internos.

El juez mantuvo la conexión la operación Kitchen con el Partido Popular en cuarentena cuando la Fiscalía solicitó en septiembre imputar a Cospedal. Entendía que en su caso, las sospechas se basaban en referencias de terceros y acordó, «con carácter previo a resolver», concentrar las pesquisas en el Ministerio del Interior, «centro nuclear» de la operación desplegada por policías. Anticorrupción, no obstante, sigue manteniendo que el dispositivo se habría puesto en marcha «tanto por parte de dirigentes del Partido Popular en el Gobierno como desde la cúpula del Ministerio del Interior».

En este caso, la X se dirime entre el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez . La clave es si el primero estaba al tanto, como indican unos chats que el segundo consignó ante notario. No obstante, su veracidad se ha puesto en duda.

Mientras, se sigue investigando cómo hicieron los implicados en Kitchen para manejar los fondos reservados sin dejar rastro documental en la Secretaría de Estado.