Jueces y fiscales ven «imprescindible» limitar la acusación popular

Mientras no se lleve a cabo la compleja reforma del sistema procesal penal, los jueces y los fiscales instan al legislador a que regule de forma clara la acusación popular y establezca mecanismos para evitar que el fin legítimo de la acción penal por parte de cualquier ciudadano que proclama la Constitución no pervierta el sistema.

Y es que en muchas ocasiones, especialmente en las macrocausas, la acción popular se está convirtiendo en un elemento de distorsión al obstaculizar y dilatar el procedimiento. Eso cuando no se busca de forma intencionada una pena de banquillo con consecuencias que una absolución ya no puede reparar. Ha llegado la hora, dicen los juristas, de revisar una figura devaluada especialmente en los últimos tiempos por el uso fraudulento que de ella se ha hecho.

Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, su portavoz, Celso Rodríguez , es partidario de regularla en términos «muy exigentes». «Es imprescindible llevar a cabo una reforma que la limite», dice. Y ello, porque en la mayoría de las ocasiones se ha constatado su inutilidad extraprocesal: cuando sirve a «intereses espurios que el ordenamiento jurídico no debe proteger». También «su utilidad intraprocesal es escasa, cuando no nula». A su juicio, el espíritu de una hipotética reforma de la acción popular tendría que pasar por vincularla al ejercicio de un «interés verdaderamente legítimo». Eso sí, de cara al juicio habría que clarificar en qué términos la acción popular puede o no puede sostener la acusación cuando el fiscal y la acusación particular no acusan. En definitiva, habría que plasmar en la ley lo que hasta ahora es interpretación jurisprudencial: las doctrinas Botín y Atutxa .

Rodríguez recuerda que, en derecho comparado, España es una auténtica isla en lo que a la acusación popular se refiere. Solo existe una figura parecida y en la práctica no prospera por el filtro de los tribunales, en el Reino Unido, donde, aunque la batuta de la investigación la lleva la Fiscalía, un particular puede denunciar la comisión de un delito ante el juez, que es quien en última instancia decide si se investiga.

Joaquim Bosch, de la asociación Jueces para la Democracia , cree que el problema de fondo radica en el tipo de proceso penal. A su juicio, en el actual contexto la acción popular está justificada porque si no la acusación quedaría en manos de la Fiscalía y podría llevar a que actos constitutivos de delitos se quedaran sin esclarecer. En este sentido, opina que la Fiscalía está controlada indirectamente por el poder político y que los fiscales están sujetos al principio de jerarquía.

Prueba de ello, dice, es que los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no querían presentar la querella por el 9N «y se les obligó». A su juicio, el problema no es que la sociedad pueda formular acusaciones, sino cuando hay un abuso en la actuación e instrumentalización política. También Bosch es partidario de una regulación que contemple medidas específicas que permitan castigar este tipo de actuaciones. «El próximo Gobierno que se constituya tiene que impulsar un nuevo modelo de investigación penal», dice.

Más tajante se muestra el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías , partidario de suprimir por completo la acusación popular. «El fiscal defiende el interés público, y la acusación popular, el propio, muchas veces con intereses espurios y ánimos escondidos». Sostiene que en muchas ocasiones el daño que se causa en un juicio mediático es mayor que la pena. «Cuando el fiscal y ni siquiera el perjudicado ven delito, no tiene ningún sentido que haya una acusación popular», dice.

Opina que una de las medidas que se podrían tomar es la de imponer fianzas proporcionales al daño que se pueda causar, en función de la relevancia pública de la persona investigada y de los delitos que la acusación le impute. Frías recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la norma que regula el proceso penal, es muy antigua (1889) y nació en un momento de absoluta desconfianza hacia los poderes del Estado , y en especial hacia la Fiscalía.

«Hoy esta precaución no tiene sentido, porque hay instrumentos más que suficientes para que los fiscales se revuelvan del principio de dependencia jerárquica», señala. Aun así no estaría de más, aclara, reforzar la independencia del fiscal con la reforma de su estatuto orgánico; la del fiscal general del Estado, separando su mandato del Gobierno, como sucede con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o reforzar el papel del Consejo Fiscal para que no sea solo un órgano consultivo, sino también decisorio.

Desde la Unión Progresista de Fiscales, su portavoz, Álvaro García Ortiz , es más partidario de limitar la acción popular que de suprimirla. «El ejercicio de la acción penal no puede ser un derecho indiscriminado y no se puede equiparar a la Fiscalía», dice.

Cree que es posible «racionalizarla» por ley. García subraya que en casos muy complejos «distorsiona mucho», porque al tener que dar traslado a las partes de todas las actuaciones se dilatan en exceso las causas, por no hablar del sistema de recursos, que también lo ralentiza. «En ocasiones hay además intereses contrarios al principio de la acción penal, porque en realidad son defensas encubiertas». Recuerda que el ejercicio de la acción penal es público, y si se parte de la desconfianza en la Fiscalía entonces «hay que reforzar su autonomía». El destino de la acusación popular tiene que ir ligado al modelo de procesal penal por el que se opte. Si, como en los países de nuestro entorno, el fiscal tiene el monopolio de la acción penal, la acusación popular no tiene sentido si no es para ponerse al lado del Ministerio Público, que es quien tiene el papel «más objetivo» y menos «emocional» a la hora de determinar las penas.