La investigación de la trama del 3 por ciento busca dinero en paraísos fiscales

Las fuentes consultadas por ABC prefieren mantener de momento reserva sobre las personas concretas acerca de las cuáles se va a pedir información, pero se sabe que se preguntará no solo por cuentas bancarias a su nombre sino también por aquellas cuyos titulares sean personas jurídicas relacionadas con ellas. Entre los países a los que se requerirán los datos están Panamá, Suiza o Andorra , pero podría ampliarse el abanico según avancen las pesquisas.

Esta nueva fase de la investigación se abre tras tenerse constancia de las distintas modalidades de pago de ese 3 por ciento –se trata, obviamente, de una cifra simbólica que variaba en función de las circunstancias–, que debían abonar muchos empresarios para poder acceder a la adjudicación de obras públicas. «Desde luego, como ya se ha demostrado, los abonos se ocultaban mediante donaciones a CatDem, la fundación de CDC; también había pagos en maletines y, por supuesto, mediante transferencias bancarias a cuentas vinculadas con los implicados», señalan las fuentes. Precisamente, es en estas dos últimas modalidades cuando el dinero podía moverse en terceros países, ya que se sospecha que esas cuentas corrientes estarían abiertas en entidades extranjeras.

La corrupción, según los datos disponibles, afectaba tanto a la administración autonómica como a las entidades locales , si bien la operativa era mucho más depurada en el primero de los casos, donde los expedientes están muy cuidados: «Por decirlo de forma gráfica –sostienen los medios del caso consultados por ABC–, a veces los proyectos ganadores se ajustan sospechosamente bien con la oferta que hacía Infraestructures.cat, el organismo de la Generalitat encargado de obra pública; lo que ocurre es que cuando se empieza a escarbar queda claro que la constructora beneficiada tenía información privilegiada y que en un periodo de tiempo cercano a la adjudicación se producía el pago a Convergència ».

En este mismo sentido ABC ya informó de que en ocasiones técnicos de Infraestructures.cat se reunían con la empresa a la que se iba a conceder la adjudicación para que su oferta respondiera al cien por cien a los criterios pedidos por la administración; es decir, era absolutamente imposible que alguien que no los conociera previamente pudiera ajustarse tanto a todas esas variables, cuya ponderación es la que hace que finalmente sea elegido un proyecto u otro.

A diferencia de lo que ocurría en la Generalitat, los expedientes analizados en distintos ayuntamientos controlados por el partido de Artur Mas contienen manipulaciones burdas, algo lógico porque quienes intervenían en estos procesos no tenían tanta preparación técnica. En este caso las mordidas eran menores, porque las obras adjudicadas no eran de tanta entidad.

Los investigadores consideran además que no todo el dinero del 3 por ciento servía para financiar CDC, sino que una parte, desde luego más pequeña, acababa en manos de particulares, al estilo de lo que sucedía con algunos miembros de la familia de Jordi Pujol Soley. En la caja fuerte del exdirector general de Infraestructures.cat, Joan Miquel Rosell, se encontraron, por ejemplo, 85.000 euros en efectivo.

Uno de los retos ahora es demostrar el blanqueo de dinero, cuyo delito antecedente sería la corrupción política. En este punto se ha conseguido un avance importante, ya que hay documentación que demuestra que entre Convergencia y CatDem había facturación cruzada para conseguir que el dinero acabara en manos del partido. Se han encontrado facturas emitidas por CDC a su fundación por conceptos absurdos o directamente por trabajos no realizados; una operativa similar, por cierto, a la que se comprobó en el caso del Instituto Nóos, dirigido por Diego Torres e Iñaki Urdangarín , que serán juzgados a partir del próximo mes de enero.

La idea es plantear una acusación, además de por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo, financiación ilegal de un partido y, en su caso, delito fiscal, también por asociación ilícita. El propio juez apuntaba a ello cuando en el auto de prisión del tesorero de CDC Andreu Viloca señalaba que habría cometido un delito de blanqueo mediante organización criminal. Y es que, en principio, se cumplirían todas las características de este tipo penal: más de dos personas, que actúan a lo largo del tiempo, con reparto de papeles, que controlan un territorio y cuyo objetivo es el enriquecimiento económico.

En cualquier caso, las fuentes consultadas insisten en que no se quiere hacer una causa general contra Convergència, ni analizar todas y cada una de las adjudicaciones de obra pública , porque sería un trabajo interminable cuyos resultados no compensarían. De lo que se trata es de acreditar sin lugar a dudas una serie de ellos –de momento ya van nueve adjudicaciones que afectan a siete empresas, pero están surgiendo nuevos datos que van a hacer aumentar ese número–, documentar el blanqueo y presentar los cargos correspondientes. Por tanto, se quiere evitar a toda costa eternizar la instrucción, porque se perdería eficacia.

Ahora bien, tal como adelantó ABC el pasado domingo, antes de ese cierre de instrucción se subirá el «último peldaño» de las responsabilidades para llegar hasta el «señor X» que dirigía la organización, activa hasta hace solo unos meses. Ese salto cualitativo exigirá con toda seguridad la inhibición del juez de El Vendrell que instruye el caso en favor de un organismo superior que cierre la instrucción, lo que, si todo va como está previsto, sucederá en los próximos meses.