La inmigración en 2020: el año en que el Covid y Marruecos desbordaron Canarias

El éxodo atizado por la crisis agravada que sufre África debido al Covid, unido a la falta de control de Rabat sobre su costa atlántica en esos meses, – un pulso al Gobierno, mención especial a Podemos, con el Sáhara de fondo – inyectaba en el archipiélago en apenas 60 días 13.500 extranjeros. El doble de los 6.081 que habían accedido a las islas en los nueve meses anteriores.

La conclusión es que la inmigración, que en septiembre estaba un 26% por debajo del ejercicio anterior, termina un 28,7% por encima: 39.474 según el último cómputo oficial a mediados de mes, lo que convierte a España de nuevo en la principal puerta de entradas irregulares a Europa, dejando atrás a Italia y muy lejos a Grecia.

Pero en un momento de inquietud social, excitada por mensajes xenófobos que identifican incluso inmigración y coronavirus, los expertos aconsejan dimensionar el fenómeno en su justa medida. Todos los llegados en patera o por las vallas de Ceuta y Melilla a España en este 2020 apenas ocuparían la mitad del estadio Santiago Bernabéu. «Representa un porcentaje minúsculo de la movilidad humana total, entre el 5 y el 6%», sintetiza Augusto Delkáder, de la Universitat Oberta de Catalunya, que rechaza el uso de términos como «oleada» o «invasión».

Al margen, cierto es que del total, 21.452 entradas han sido incursiones por Canarias, que en las mismas fechas de 2019 había sumado solamente 2.680, lo que arroja un 889,5% de crecimiento que arruina en las estadísticas la contención de pateras en el Mediterráneo , que son un 25% menos en la lectura interanual. En ambos escenarios, la mayoría absoluta son ciudadanos marroquíes.

Esas llegadas a las islas este otoño ponían a prueba la capacidad de gestión del Gobierno. El mismo que en 2018 quiso deslumbrar al mundo socorriendo el Aquarius y que ahora ha tenido que enfrentarse a las imágenes de la vergüenza de Arguineguín. Dos mil quinientos inmigrantes hacinados en un muelle grancanario durante días, sin que un país acostumbrado hace décadas a la inmigración supiera muy bien qué hacer con ellos. Los temores a la implantación en el archipiélago de un «modelo Lesbos», con sus carpas, no se han hecho esperar.

Desde el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, no hay balance al término de este año difícil, sino solo mirada hacia delante. «La tendencia de llegadas está a la baja», es el mensaje que subrayan, habida cuenta de que en la primera quincena de este mes hubo 1.886 entradas en las islas , mil menos que en la anterior. «Desde la prudencia, se están viendo resultados y confiamos en mantener esta línea y seguir reduciendo las llegadas como en 2019 gracias al trabajo de fondo que venimos realizando».

El trabajo de fondo es una combinación de dinero –nacional y europeo, incalculable, porque cualquier cifra es incompleta– y sobre todo de una diplomacia bilateral incansable, desplegada muy fundamentalmente por Interior. Y que se ha tenido que extremar a la hora de restablecer los mecanismos de repatriación interrumpidos desde marzo por la alerta sanitaria, claves en los casos de Mauritania, Argelia y sin duda, Marruecos, el más importante , y que se ha resistido a recuperar las devoluciones hasta el último momento. Están siendo ya de «60 a 80 a la semana» y solo por avión, que no por ferry, según fuentes policiales, que sostienen que es un ritmo considerable, que siquiera se alcanza «en un año normal». Otras voces consideran que es una cantidad muy insuficiente.

La determinación de ejecutar estos retornos, amén de neutralizar un indeseado «efecto llamada», ha sido la excusa oficial empleada por el Gobierno para justificar su negativa a trasladar a la Península a los inmigrantes acumulados por miles en Canarias. Allí, aún si están en régimen abierto, al fin y al cabo siempre se les puede localizar a la hora de su expulsión. Otra cosa son los derechos humanos. Desde ACNUR España, su portavoz, María Jesús Vega, alerta de que con esas inercias se obvia muchas veces que se está tratando con «personas que huyen de persecuciones y a las que no se da oportunidad cierta de pedir asilo». Se impone corregirlo, defiende, instaurando ya en el archipiélago «procedimientos más eficientes y más ágiles», como el habilitado en Barajas, donde las solicitudes de protección se resuelven en en diez días.

La teoría de utilizar las islas como jaula –contra la que han peleado las autoridades insulares, desbordadas–, saltaba por los aires con la difusión de vídeos caseros que este mes han mostrado a docenas de subsaharianos desembarcando en los aeropuertos de Granada o Valencia. Estos «vuelos fantasma», –en los que podrían haber salido del archipiélago hasta 2.900 inmigrantes irregulares– han revelado las profundas dificultades del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de explicar su propia política migratoria. Las contradicciones entre ministerios han sido flagrantes y nada ha sido aclarado.

«Si los inmigrantes no son repatriados, van a tener que ser trasladados», es la lógica que resume David Moya, de la Universidad de Barcelona, que recuerda que «la tentación de bloquear inmigrantes en "hotspots"» pertenece a la experiencia europea y que en la práctica supone «crear campos de refugiados». Lesbos. Canarias. El antídoto, indica, pasa por formular «un sistema de redistribución entre autonomías, una estructura permanente de solidaridad y compromiso», amén de más colaboración con los países de origen y tránsito para la prevención, entre otros, de salida de embarcaciones. Sin olvidar el combate a las mafias que trafican con personas.

A efectos de España, un engranaje de reparto así no existe ni se ha planteado. En una crisis como la actual, o cuando toca hablar de reubicar a menores inmigrantes no acompañados, afloran las reticencias, tan incompatibles con los discursos buenistas de la mayoría de los partidos. En Europa no es diferente.

Conviene no olvidar que, bajo la presidencia alemana, la UE ha reabierto este año el debate para actualizar la política Migratoria y de Asilo común, uno de los más intratables y tóxicos de la Unión, y la apuesta nítida son más expulsiones y más rápidas, amén de la «externalización de fronteras». Al lado, el sueño de un sistema de solidaridad con los países receptores como el que reclama España se desdibuja, víctima de la negativa del club de Visegrado –mención a Polonia y la República Checa– a participar de ninguna cuota.

«No hay quien pare la migración, ni endureciendo las fronteras... ni colocando muros», advierte Delkáder, que lamenta que el único consenso en Bruselas sea precisamente ese blindaje: «convertir Europa en una fortaleza». Cuando no hay más receta que una inmigración «legal, ordenada y segura», hacia la que este año tampoco parece que se haya avanzado.