Ibarretxe renuncia a la consulta, pero movilizará a los nacionalistas el 25-O

La decisión de acatar el fallo del TC fue impuesta por el PNV al lendakari y a sus socios de Gobierno antes de conocerse el fallo, según ha sabido ABC, dando por hecho que no consideraría legal la consulta. A primeros de septiembre, el PNV había descartado la posibilidad de realizar una convocatoria ilegal, a pesar de la presión de sus socios para seguir adelante hasta el final. El partido dirigido por Íñigo Urkullu, dispuesto a apoyar los Presupuestos Generales del Estado al mismo tiempo que promueve iniciativas soberanistas, tocó a retirada.

Atrás quedan las especulaciones respecto a si los socios del Gobierno vasco montarían un engranaje electoral paralelo al oficial en los ayuntamientos o a cómo pensaba el ejecutivo de Ibarretxe contar con el arbitrio de las juntas electorales, compuestas por jueces, si la consulta era considerada ilegal, como finalmente lo ha sido, por el Constitucional.

Cuando el ejecutivo vasco presupuestó cinco millones de euros para la celebración de la consulta, había previsto que no podría utilizar los medios contemplados por el ordenamiento jurídico para un referéndum y había contado con tener que comprar incluso las urnas. Sin embargo, la semana pasada el PNV se reunió con sus socios en Vitoria para estudiar qué tipo de acto reivindicativo pudiera sustituir al referéndum el 25 de octubre y para iniciar el próximo martes la campaña para denunciar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. PNV, EA, IU y Aralar quieren rentabilizar el papel de víctimas a las que no se permite sacar adelante una iniciativa cuyo principal objetivo era avanzar hacia la autodeterminación de los vascos, frente a la soberanía del conjunto del pueblo español que establece la Constitución.

EA se pliega

El PNV y sus socios se guían por el inflexible calendario de Ibarretxe y ya habían previsto que si no podían convocar la consulta el próximo lunes, día 15, porque el Tribunal Constitucional no se hubiera pronunciado aún sobre la ley que la regula o porque emitiera un fallo que la considerara inconstitucional, el 25 de octubre no iba a haber referéndum.

Tras la primera reunión de los partidos socios del Gobierno vasco y Aralar para «analizar la evolución del calendario que afecta a la celebración de la consulta», el presidente de EA, Unai Ziarreta, habló por primera vez de plegarse a la decisión del PNV de acatar el fallo del Tribunal Constitucional. Eusko Alkartasuna pretendía que el ejecutivo de Ibarretxe siguiera adelante con la convocatoria de la consulta, dijera lo que dijera el Tribunal Constitucional, pero el PNV ha preferido dejar el tema en el momento en el que puede rentabilizar electoralmente su papel de víctima de la «imposición del Estado».

Esta consulta tiene su origen en el empeño de Ibarretxe de modificar el marco legal del País Vasco como consecuencia de una negociación entre los partidos de la comunidad autónoma, incluida la ilegal Batasuna, como broche a una salida dialogada del terrorismo etarra. El plan de Ibarretxe, que se urdió después de que su primer proyecto soberanista fuera rechazado en el Congreso de los diputados, incluía un referéndum para ratificar el acuerdo al que llegaran los partidos vascos.

El lendakari tuvo que ir corrigiendo su esquema ante la evidencia de que ETA no pretendía dejar las armas y de que el PSOE iba a colaborar con el PNV, pero no hasta el extremo de saltarse, sin tapujos, la legalidad. Para no dar marcha atrás en su empeño, transformó el referéndum en consulta sobre una solución dialogada. Y hasta ahora. Ya acumula dos sonoros fracasos.