Tras la estela de Batasuna
J. PAGOLA
MADRID. El lendakari, sumergido en campaña electoral para reclutar votos en la descabezada «izquierda abertzale» que le permitan su reelección, sigue la estela de Batasuna y lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el «problema vasco», esto es, la decisión del Tribunal Constitucional ... de rechazar su consulta. Como Batasuna, Ibarretxe recurre a la «internacionalización del conflicto».
El lendakari ya anunció el pasado 31 de agosto que demandaría a España ante Estrasburgo si el TC tumbaba su pretendido referéndum ilegal. Y puso como fecha para el arranque de esta argucia electoral el próximo 16, ya que en el caso de que para ese día no se hubiera pronunciado aún el Alto Tribunal, la mera admisión a trámite de los recursos presentados por el Gobierno y el PP dejaba suspendida la Ley de Consulta por cinco meses. Ha empezado la cuenta atrás y a partir del 16 al lendakari ya no le quedaba tiempo para tomar el primer tren -la celebración del referéndum- de su «hoja de ruta», con salida fijada para el 28 de octubre.
Así pues, tras el pronunciamiento, ayer, del TC en contra de la consulta, el lendakari no sólo tiene escrito el guión de respuesta, sino que tanto él como sus agentes -PNV, EA e IU/EB- se lo saben de memoria. Una respuesta en clave fundamentalmente electoral, que contempla una movilización con la mirada puesta en una «izquierda abertzale» huérfana que intentan captar de cara a los comicios autonómicos previstos, en principio, para la primavera de 2009. El PNV cree que en el reparto de la tarta proetarra se va a llevar la mayor parte, al ser la auténtica alternativa al «español» Patxi López, candidato del PSE.
Las demandas ante Estrasburgo serán «a nivel individual», ya que, en opinión de Ibarretxe, los derechos de los ciudadanos se ven «afectados» por la decisión del Constitucional de no permitir la consulta. Además, el Ejecutivo vasco ha decidido que su maniobra se materialice a través de recursos presentados por los ciudadanos debido porque tiene informes jurídicos que establecen que la legitimidad para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no reside en las instituciones vascas, ya que forman parte del Estado demandado, sino en las personas afectadas por la decisión del Constitucional y también en los partidos políticos.
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