Homs, a un paso del banquillo por «potenciar» la consulta ilegal independentista

El magistrado del Tribunal Supremo que dirige la causa contra él, Andrés Palomo, cerró ayer la investigación con una conclusión: existen indicios de que Homs cometi ó los delitos de desobediencia y prevaricación con su conducta como consejero de Presidencia de la Generalitat, el cargo que ocupaba entonces. El juez le procesa por ambos delitos (castigados sin cárcel pero con inhabilitación para cargos públicos) y da diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral y presente su escrito de acusación con su petición de pena.

El diputado de Convergència, que declaró como imputado ante el Supremo el pasado 19 de septiembre, dio luz verde a la continuación de los trabajos informáticos necesarios para celebrar la consulta, a pesar de que la empresa encargada cuestionó si debía seguir adelante después de la decisión del TC. Homs respondió a la compañía T-Systemas que sus servicios no estaban afectados por la resolución del tribunal garante de la Constitución y mintió: dijo que consultó su respuesta con los servicios jurídicos de la Generalitat, un paso que nunca realizó.

Con este acto, entre otros, Homs no solo evitó «suspender» cualquier actividad preparatoria de la consulta, argumenta el juez, sino que «potenció» su celebración a pesar de ser «consciente» de la negativa del TC. La consulta cuestionaba a los catalanes si querían que Cataluña sea un Estado y, en caso afirmativo, independiente.

El departamento presidido por Homs también contrató un pabellón para que la prensa siguiera el evento y la campaña publicitaria. Ante los medios Homs calificó esta causa de «política» y tildó a la Fiscalía de «brazo armado» del Gobierno. Cara a cara con el juez fue menos atrevido y se excusó en que «era imposible atender al fallo del TC porque era cualquier cosa menos preciso». Ayer, anunció que no recurrirá la decisión para guardarse «toda la artillería para el juicio». «Lo volveríamos a hacer», mantuvo Homs.

Tras exponer los indicios, el juez argumenta que Homs impuso la «voluntad» de la Generalitat sobre la del Constitucional. Las resoluciones que aprobó su departamento «suponían una suplantación del poder constituyente» y un «desprecio deliberado» a la resolución del TC y eran «arbitrarias, contrarias absolutamente a la Constitución». El juez añade que el «difuso mandato ciudadano» –la excusa a la que se agarran los políticos soberanistas– «carece igualmente de ese carácter constituyente». El magistrado argumenta que la Generalitat no tenía competencia y concluye que el diputado actuó «de modo grosero» contra las normas.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, a quienes investigó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por estos mismos hechos, serán juzgados desde el 6 de febrero de 2016. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Mas. Ellos, igual que Homs, se han librado de ser juzgados por el delito de malversación de fondos públicos, que sí acarrea penas de cárcel.