El Supremo envía a juicio a Homs por desobediencia y prevaricación por «potenciar» la consulta ilegal del 9-N

El magistrado explica que Homs, que en el momento de la consulta era el responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, no solo «no suspendió ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta, a pesar de ser consciente de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional», sino que «potenció el desarrollo del denominado proceso participativo y dio amparo a otras actividades de carácter decisivo para la celebración de la consulta». El actual diputado de la antigua Convergencia declaró ante el Supremo como investigado el pasado septiembre y calificó la causa de juicio político.

Igual que sucedió con el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Cultura Irene Rigau, investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los mismos hechos, el Tribunal Supremo ha dejado fuera el delito de malversación de fondos públicos y ha procesado a Homs solo por desobediencia y prevaricación, crímenes castigados con la inhabilitación política. El Tribunal Constitución suspendió el 4 de noviembre de 2014 la convocatoria de la consulta, decisión comunicada a la Presidencia de la Generalitat, pero los políticos secesionistas continuaron con su plan ilegal.

Entre los indicios recopilados contra Homs, el Supremo cita que el entonces consejero de Presidencia respondió a los trabajadores de la empresa encargada del tratamiento informático de la consulta que la suspensión acordada por el Constitucional no afectaba a sus funciones. El diputado de Partido Demócrata Catalán (la antigua Convergencia) señaló que sus servicios no estaban explícitamente afectados, después de haber consultado a los servicios jurídicos de la Generalitat, algo que no había hecho. Les dio luz verde e incluso les advirtió de consecuencias jurídicas si incumplían su parte del contrato.

El magistrado califica las resoluciones que tomó Homs de «arbitrarias, contrarias absolutamente a la Constitución» y argumenta que la Generalitat no tenía competencia para realizar aquella consulta. Por ello, el diputado actuó «de modo grosero» contra el ordenamiento jurídico, el ordinario y el constitucional. Supuso además «una suplantación del poder constituyente al hacer prevalecer la voluntad propia con desprecio deliberado de la resolución que le suspende la potestad para desenvolver el "proceso participativo"».

Cuando declaró como investigado, arropado por un grupo mucho menor que el que apoyó a Artur Mas, formado entre otros por diputados de ERC, En Comú Podem y el PNV , Homs amenazó con incumplir una sentencia «que ya está escrita» y calificó a la Fiscalía de «brazo armado» del Gobierno. Tuvo dos discursos: uno más beligerante ante los medios de comunicación y otro ante el juez, ante quien defendió la legalidad de la consulta y la imposibilidad de cumplir la resolución del TC por «el mandato del pueblo de Cataluña».

El juez recuerda en el auto que el Congreso autorizó al Supremo a la inculpación formal de Homs el pasado 22 de noviembre, una especie de «autorización» necesaria para que la investigación saliera adelante.