Hacienda busca fórmulas para frenar la reforma de la regla de gasto y seguir controlando a los ayuntamientos

Tras el contencioso abierto entre el ayuntamiento de Madrid y Hacienda a cuenta del gasto de ese superávit, Podemos registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria cuya toma en consideración será debatida esta tarde en el Pleno.

Si resulta aprobada, el texto comenzaría una tramitación parlamentaria que se prevé tortuosa y larga, pero, aun así, sería un revés de máxima gravedad puesto que su aprobación final obligaría a Hacienda a reajustar los niveles de gasto o ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Y por una cifra nada desdeñable puesto que el superávit de los consistorios se sitúa en 6.847 millones de euros . Para más inri, se da la circunstancia de que el texto ha llegado al Pleno por propio fallo del Gobierno. Sus funcionarios registraron el veto presupuestario contra la iniciativa cuatro minutos fuera de plazo, perdiendo Hacienda la única oportunidad que tenía para impedir que la reforma llegara a ser debatida.

Así las cosas, Montoro está buscando fórmulas para conseguirlo. La primera maniobra ha sido el inicio de contactos desde el Grupo Popular con el resto de los grupos que apoyaron los Presupuestos Generales del Estado para convencerles de que las cuentas no podrán mantenerse si se aprueba la reforma y de que sería una irresponsabilidad poner en marcha su aprobación. Ciudadanos y Coalición Canaria se han colocado en sintonía con el Gobierno y votarán en contra.

Pero el PNV se ha mostrado partidario de flexibilizar la regla de gasto y Moncloa teme que los contactos no acaben de ser fructíferos con este grupo. Nueva Canarias mantiene la incógnita. Si cualquiera de estos dos partidos decide votar hoy a favor de la reforma, la tramitación parlamentaria se pondrá en marcha y las opciones del Ejecutivo para impedir su tramitación final quedarían muy menguadas. En ese caso, los populares intentarán retrasar al máximo su tramitación como están haciendo con otras proposiciones de la oposición como la reforma del Tribunal de Cuentas o de la Ley de Secretos Oficiales, e intentar que si la aprobación final es inevitable la flexibilización que introduzca el texto sea la mínima posible.