El Gobierno y Ceuta rectifican tras el revés judicial con los menores

En su lugar, lo que ofrecieron Vivas en directo y Sánchez con una nota de prensa es el compromiso de ambas administraciones de adoptar «cuantas medidas estén a su alcance» para lograr el que sigue siendo el objetivo último: la repatriación de todos los menores a Marruecos. Eso sí, siguendo «la interpretación», en palabras de Vivas, que la juez de Ceuta hizo cuando dejó por escrito que la legislación hay que cumplirla y no caben excepciones . Habrá expedientes, proceso individualizado y resoluciones, es decir, se va a «cumplir el Reglamento de la Ley de Extranjería», tal y como señaló.

Lo que no llegó a aclarar el presidente de Ceuta es por qué tres meses después de la gran llegada de mayo, esos mecanismos no estaban ya funcionando a pleno pulmón . El hecho es que ahora, manda el reloj. Con septiembre llega el curso y son más de 800 los menores bajo guarda de la Ciudad Autónoma que siguen en alojamientos precarios y que además, deberían ser escolarizados. De este asunto, competencia del Ministerio de Educación, no se habló en el encuentro y está por concretar.

En cualquier caso, Vivas considera que «el despliegue de recursos y capacidades que el Gobierno está dispuesto a hacer con la ciudad va tanto a sustanciar el retorno como las necesidades de acogida en Ceuta, tanto de asistencia al menor como en el ámbito de la tranquilidad de los ciudadanos». Y si el Estado pone esos recursos, «el sentido común» le dice que « cuantos más medios se pongan al servicio de la resolución de estos expedientes más ágiles serán y antes se tramitarán las repatriaciones». Asume, en cualquier caso, que llevará su tiempo, «pero es que no existe ninguna alternativa que se pueda aplicar que resuelva mañana el problema».

Tampoco la dispersión de los menores o parte de ellos por distintas comunidades autónomas, una medida que aliviaría la congestión del sistema de primera acogida en Ceuta pero trasladarían la responsabilidad a otras regiones y que tampoco es precisamente ágil. « El traslado a la Península no se ha planteado como opción (...) Y como todas (las alternativas) son dilatadas en el tiempo, optamos por la que más beneficia al menor que es el retorno asistido», añadió Vivas.

Está por ver que así sea, pues lo que marca la ley es un análisis caso por caso de la situación del afectado. Los habrá que puedan ser entregados a sus familias y los habrá que necesiten otra solución . Es ese trato individualizado imperativo por ley el que marca la diferencia y su ausencia, la razón de que la juez, como la Fiscalía, pusieran en solfa la actuación. Save The Children ha analizado a fondo cerca de 400 casos y uno de cada cuatro resultaron ser perfiles que por vulnerabilidad, no eran susceptibles de retorno.

Ese es, en cualquier caso, el objetivo. «El auto ha provocado la paralización en las condiciones en que se estaban produciendo los retornos. No ha dicho que los retornos no sean posibles, sino que se tienen que someter a un determinado procedimiento. Y lo que hemos sacado en claro es que el Estado está dispuesto a poner todas sus capacidades para que los retornos se lleven de acuerdo a la ley», destacó Vivas para añadir: «No vamos a hacer ningún retorno como se hicieron los anteriores, que creíamos que estaban bien hechos pero ha venido un juez y nos ha dicho que no ».

Pese a ese revés, para Vivas «autocrítica» quizá no sea «el término» correcto para definir la reflexión que hacen tanto su Gobierno como el de Sánchez. Sigue defendiendo que lo actuado tenía por encima el interés del menor y se obraba de buena fe. «Creíamos que estábamos actuando de la manera correcta y no es una consideración irracional (...) Teníamos un instrumento jurídico alternativo y validaba su aplicación la excepcionalidad que estábamos viviendo. Entendíamos que era una vía alternativa más rápida », explicó el presidente de Ceuta.

Quitó, de paso, hierro a la resolución judicial, pues los jueces, dijo, quitan «muchas veces» la razón a las administraciones. «Formamos parte de un Estado de Derecho y las resoluciones judiciales se acatan, se respetan y se aplican», aseguró.

Y el camino judicial no ha terminado. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta se pronunció para confirmar la medida cautelar que había adoptado una semana antes sin escuchar a Delegación del Gobierno, parte concernida. Pero ratificada la medida, aún debe resolver el fondo del asunto y es si en el caso de los nueve afectados hubo o no, una vulneración de la tutela judicial efectiva cuando se acordó repatriarles sin el proceso legal. La resolución afectaba a un total de 12 niños de los que tres habían sido expulsados horas antes y que, con la perspectiva del auto, estudian recurrir, como puede hacerlo cualquiera de los 55 repatriados.

Mientras, la Audiencia Nacional analiza si la carta con la que la Secretaría de Estado de Seguridad dio luz verde a la Delegación del Gobierno para que procediese con las repatriaciones cuenta como orden y si además, es nula. Ha recabado ya de Interior todo el expediente del caso y tendrá que pronunciarse una vez admitido el recurso de otra ONG, la Red de Inmigración.