El Gobierno oculta el 26% de los datos que le solicitan los ciudadanos a través de Transparencia

Entre el 1 de enero y el 15 de junio, el Consejo, encargado de garantizar que la Administración cumple con la ley de Transparencia, dictó 374 resoluciones entre estimadas y desestimadas. En 99 ocasiones, un 26 por ciento de los expedientes, concluyó que la Administración no llevaba razón de acuerdo con lo establecido por la norma. Este dato se extrae al comparar la respuesta del Gobierno a una pregunta al respecto formulada por la senadora del PP, Teresa Ruiz Sillero, con los informes que el Consejo de Transparencia expone en su página web. Allí figura el historial de resoluciones emitidas después de que los reclamantes solicitaran amparo al estar en desacuerdo con la motivación expuesta por la Administración en el momento en el que les denegó la información que exigieron.

Este cálculo no incluye las resoluciones inadmitidas, ya que en estos casos, al no cumplirse en la reclamación los requisitos exigidos por ley, el Consejo no puede ni entrar a valorar si el Gobierno ha hecho bien o mal y da carpetazo.

El porcentaje sería más abultado si el estudio se realizara a través de los propios datos del organismo controlador, que posee las series de datos completas desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, pero que en su cálculo incluye un elemento distorsionador. El Consejo de Transparencia indica, en los balances facilitados a ABC, que ha dictado 321 resoluciones entre estimadas (161) y desestimadas (160) en dicho periodo. Es decir, habría más de un 50 por ciento de casos en los que dio la razón al ciudadano frente a los intereses de la Administración.

La diferencia entre ambas contabilidades redunda en las resoluciones que reciben la calificación de «estimadas formalmente». Esta figura, como explica Miguel Ángel Blanes, experto en Transparencia, tiene trampa. «Estas resoluciones son como si fueran desestimatorias aunque se llamen estimatorias. A efectos formales y al elaborar las estadísticas, resulta que estiman la petición, pero en realidad no permiten que el ciudadano pueda acceder a la información que solicita ya que no se le da la razón en el fondo », subraya Blanes, quien indica que esta figura sirve para criticar defectos formales de la Administración -como responder fuera de plazo, por ejemplo- pero recalca que no permiten el acceso a los datos.

En este contexto, en el que periódicamente trascienden casos en los que el Gobierno oculta información a los ciudadanos, principalmente gracias a las resoluciones en contra emitidas por el Consejo de Transparencia, la semana pasada Moncloa anunció su candidato para coger las riendas del órgano controlador.

Después de casi tres años en los que el puesto ha estado vacante y en el que la presidencia se cubrió de forma interina, el Ejecutivo pretende que José Luis Rodríguez Álvarez, experto en protección de datos y alto cargo durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero , asuma dicha responsabilidad. Al conocerse la noticia, se dispararon las alertas en el sector, que contempla con desconfianza este cambio en un organismo que depende del Ministerio de Política Territorial de Carolina Darias, cuya función es controlar al Gobierno y que, al menos hasta ahora, ha hecho gala de independencia, aunque eso supusiera ir en contra de los intereses del Ejecutivo.

Entre las 99 resoluciones que el Consejo de Transparencia ha dictado en el primer semestre obligando al Gobierno a rectificar hay ejemplos de todo tipo. Si bien todavía no se aprecia la incidencia de las cuestiones suscitadas por la pandemia de coronavirus, temas como el expediente completo que propició la exhumación de Franco, los informes sobre el encuentro entre Delcy Rodríguez y el ministro José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas o el coste de los vuelos realizados por distintos presidentes del Gobierno son algunas de las cuestiones que el Ejecutivo tendrá finalmente que responder.

«Son cuatro resoluciones por semana en contra, casi una por día laborable», clama Teresa Ruiz Sillero, la senadora del PP que preguntó por este tema, quien también considera que estos números hablan de una estrategia clara por parte del Gobierno. A su juicio, Moncloa «oculta información necesaria a las ciudadanos para poder evaluar su gestión». A partir de ahora se espera que vayan conociéndose resoluciones del Consejo referentes a peticiones de información realizadas por los ciudadanos durante la pandemia. Vistos los precedentes no sería extraño que aumentara el grado de incumplimiento un poco más.