El Gobierno ya incumplió el mandato de Transparencia sobre el comité de expertos anónimos

Dentro de la investigación sobre la gestión de la pandemia que viene realizando este diario, el pasado 7 de agosto se solicitó al Ministerio de Sanidad distintas informaciones, que no obtuvieron respuesta. Tras recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el pasado 6 de noviembre se notificó el dictamen, en el que se instaba al Ministerio de Sanidad a facilitar, «en el plazo máximo de 10 días hábiles», la siguiente información: «Relación de miembros del comité de expertos que asesora al Gobierno en la desescalada y copia de la declaración de intereses de los miembros». ABC solicitó también ese documento por si existiera algún conflicto de intereses por parte de los integrantes del misterioso comité.

El dictamen del Consejo de Transparencia también estimaba otras peticiones, como el «procedimiento de selección realizado, así como dictámenes y documentos relevantes tenidos en cuenta para la selección de sus miembros». Por último, una tercera información que el CTBG consideró legítima y de interés público, el «régimen económico de los miembros del comité».

El Consejo, como suele hacer, especificó que, de no existir la información solicitada, «se deberá hacer constar expresamente dicha circunstancia y justificarla debidamente». Es decir, que si no existiera tal comité, debería haber sido comunicado. Los diez días hábiles de plazo que el CTBG dio al ministro Salvador Illa para entregar la información expiraron el pasado 23 de noviembre, es decir, hace ya diez días del plazo máximo y casi un mes desde que el CTBG, el máximo órgano de control de la transparencia de los poderes públicos, le requirió la información.

Otra petición de ABC estimada el mismo día y también vencida sin respuesta instaba al Ministerio de Sanidad a remitir esta información: «Organizaciones científicas y profesionales que intervengan en el asesoramiento al Gobierno en la desescalada y contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo celebrado con las mismas». Se trata de ver en manos de qué expertos y organizaciones puso el Gobierno decisiones tan importantes, vitales y polémicas como la desescalada por comunidades autónomas de las medidas extraordinarias propiciadas por la Covid-19.

Ocultando los miembros del comité de expertos, el Gobierno no sólo está incumpliendo la Ley de Transparencia, sino otra que se aprobó durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero , la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Esta reconoce, en su artículo 5-f que «las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes», y añade: «La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos. Por su parte, el artículo 11 establece que «será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente». Este artículo de una ley promulgada en 2011 parece redactado para una situación como la actual.

Además, la Ley General de Salud Pública recoge en su preámbulo que «se abordan las obligaciones de las Administraciones públicas, estableciendo los mecanismos para lograr que las actividades de tipo científico y de asesoramiento en materia de salud pública no estén sesgadas por intereses ajenos a la salud de la población y el bien público y sean independientes». La intención es «reforzar con ello la confianza de la población en la autoridad sanitaria y en sus recomendaciones de salud pública».

La portavoz del Gobierno insistió sobre los miembros del comité que son «personal cualificado» que se encuentran en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón y que «normalmente» se trata de personal funcionario. También que son «hombres y mujeres especialmente capacitados para aconsejar al Gobierno». Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo , aseveró que «vamos a valorar la resolución y cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo».