El Gobierno estudia apartar a Trapero hasta tener sentencia

Desde el 28 de octubre, Trapero está apartado de las funciones de mayor de la policía autonómica, pero sigue acudiendo a su despacho que tiene en la comisaría de Les Corts (Barcelona). El Gobierno le destituyó «por falta de confianza» , sobre todo, por la actuación de los Mossos el día del referéndum ilegal del 1-O y por la que se sentará en el banquillo de los acusados, principalmente. Desde entonces, Trapero ha compaginado un trabajo burocrático de comisaría con su defensa personal en la causa abierta contra él (y dos superiores suyos: Pere Soler, exdirector de los Mossos, y César Puig, exsecretario general de la Consejería de Interior; y la intendente Teresa Laplana) en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, fuentes de Interior señalan a ABC que «se está estudiando su situación» , ya que las acusaciones de sedición y pertenencia a organización criminal son muy graves, y han solicitado informes técnicos y jurídicos, por si es recomendable que quede apartado completamente del Cuerpo policial hasta que se aclare su situación judicial.

Las mismas fuentes recuerdan, eso sí, que Trapero es funcionario y que, sin sentencia firme en su contra, es imposible que pierda su condición de servidor público. En este sentido, la posición del Gobierno, según fuentes del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, no ha variado desde que Trapero fuera destituido de las funciones de mayor del Cuerpo y que llevó consigo la asunción de sus responsabilidades por Ferran López, hasta entonces número dos de Trapero.

Además, el Gobierno también está estudiando si la defensa jurídica de Trapero sigue teniendo que ser asumida por la Generalitat de Cataluña, es decir, por el erario público. El mayor de la policía autonómica inició su camino judicial ante la Audiencia Nacional antes de que fuera destituido por el Gobierno y asistido por un letrado bajo el paraguas de la Consejería.

Ahora, con la doble grave acusación sobre sus espaldas el Gobierno tendrá que decidir si Trapero debe asumir el coste de su defensa personal o, por el contrario, la Generalitat debe seguir haciéndose cargo de las minutas de los abogados del mayor de los Mossos.

Josep Rull , el exconsejero de la Generalitat, afirmó ayer ante Llarena: «Vemos la luz en algunos países del norte de Europa donde existe una justicia mejor que esta». Como Junqueras y los «Jordis»m acusó al juez de falta de objetividad por su procesamiento.

«Este procedimiento no es jurídico, sino político; vulnera derechos fundamentales», espetó ayer, Raül Romeva , el también exconsejero ante el magistrado. Le reprochó no haber dido imparcial en sus resoluciones durante la instrucción de la causa».

Por su parte, en un tono radicalmente distinto, Joaquim Forn se limitó a pedir al magistrado que vuelva a valorar su prisión, que no tiene intención de seguir en política y que tampoco va a huir. En los próximos días volverá a pedir su libertad por escrito.