La Generalitat desprecia la ayuda del Ejército con los rastreadores

«Nosotros desde la consejería de Salud ya hemos incrementado los equipos», apuntó Budó para añadir a continuación que «nos tendrán que concretar más». Pese a que ayer los datos epidemiológicos dieron un pequeño respiro en Cataluña, los datos acumulados de la última semana son malos, aunque lejos del pico registrado a mediados de julio, cuando la situación pareció que podía desbordarse y las principales críticas llegaron precisamente por la falta de rastreadores.

De hecho, al inicio de la pandemia el Govern subcontrató a Ferrovial una centralita con personal (230 personas ampliables a 800) para hacer seguimiento de casos, una decisión que acarreó numerosas críticas, que se prometió revertir, pero que no se ha hecho precisamente por la falta de personal.

La decisión de la Generalitat de no contar con la ayuda del Ejército no es nueva. De hecho, en primavera, durante la fase más aguda de la pandemia, cuando la Covid-19 hacía estragos en las residencias de ancianos, la resistencia del Govern a aceptar la ayuda de la UME para levantar hospitales de campaña o para la desinfección de centros llevo a buen número de estos a solicitar la ayuda por su cuenta.

Frente a la negativa de Cataluña a aceptar la ayuda militar para rastrear contactos, otras comunidades, es el caso de Madrid, sí lo estudian, aunque quieren mayor precisión por parte del Gobierno, tal y como explicó el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. «Vamos a pedir al Ministerio que determine esos perfiles para ver dónde pueden encajar», añadió.

De entre las autonomías que se han pronunciado sobre la propuesta, Asturias no contempla recurrir a los militares , aunque está abierta a todas las posibilidades en función de cómo evolucione la pandemia en las próximas semanas, informa Efe. Cantabria, por su parte, incorpora esta semana a diez nuevos rastreadores y llega a los 138, pero no descarta pedir más al Gobierno, mientras que el presidente valenciano, Ximo Puig, admitió que todavía no lo han evaluado. El Gobierno vasco no se pronunció.