Forense y fiscal se reúnen mientras se ultima el informe sobre la salud de Bolinaga

El informe de la Clínica Forense de la Audiencia Nacional analizará a partir de las investigaciones científicas sobre el cáncer utilizadas por la comunidad médica la esperanza de vida aproximada que tendría el etarra, condenado por e l secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y el tratamiento médico más aconsejable a su situación, informaron fuentes jurídicas.

Este departamento está trabajando sobre el informe clínico enviado por el Hospital Donostia de San Sebastián, que estaba firmado por una «comisión médica» del servicio vasco de salud Osakidetza.

El documento recogía que el preso se encuentra en una situación «irreversible» en la que «más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento», es decir, que tendría un 90 por ciento de probabilidades de fallecer antes de un año.

«El pronóstico de este paciente es muy grave. Si nos basamos en literatura científica con la misma probabilidad, el proceso es irreversible e incurable. En esta situación clínica, más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento», apunta este documento.

A este informe se han unido el historial clínico y la identidad de los médicos que firmaron el informe sobre Bolinaga, que fueron enviados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias después de que la Fiscalía pusiera de relieve que no constaban en el primer documento remitido a la Audiencia Nacional.

La Clínica Forense también deberá explicar, por iniciativa del Ministerio Público, si el preso puede ser atendido de su enfermedad sin salir de la cárcel de Zaballa (Álava), que también tiene que informar sobre este extremo junto a los Servicios Centrales Penitenciarios.

El carcelero de Ortega Lara disfruta desde el pasado viernes del tercer grado penitenciario , que le concedió la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por «razones humanitarias» y «a pesar de la entidad de los delitos cometidos», una vez estudiada la propuesta a favor elaborada por unanimidad por la Junta de Tratamiento de la cárcel. «Esta Secretaría General entiende que, a pesar de la entidad de los delitos cometidos por el penado, resulta indudable que tanto la gravedad de la enfermedad, su previsible evolución, así como las características del tratamiento mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso y anulan prácticamente el riesgo de reincidencia», explicaba Prisiones.

En todo caso, le imponía como condiciones el «alejamiento de las víctimas de sus delitos o de los familiares directos de éstas», la «prohibición de participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia» y la imposibilidad de «ausentarse, sin previa autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije su residencia».