Forcadell y Bassa regresan a prisión

Fue a través del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, un inusual procedimiento que permite flexibilizar la clasificación de los internos, y del que la Consejería de Justicia se valió para otorgarles un «tercer grado encubierto» —en definición de la Fiscalía— que les permitía salir de prisión a diario . Un artículo que si ya de por sí es excepcional —solo 121 de los casi 7.000 presos condenados de las cárceles catalanas lo tenían—, para los líderes del 1-O además usaron una versión «premium». Tal y como adelantó ABC, disfrutaron de estos beneficios diez veces más rápido que los otros cien presos del «club del 100.2» . Ahora, la resolución del Supremo priva a la Generalitat de ambas herramientas -tercer grado y 100.2- con las que aligerarles la condena.

Para siete de los nueve presos del «procés» fueron unos cinco meses de una «semilibertad» siempre condicionada por la pandemia: desde que a principios de año la Generalitat les concedió el 100.2, hasta que a finales de julio la justicia aceptó la medida cautelar reclamada por la Fiscalía de suspenderles el tercer grado hasta que el Supremo resolviese el fondo del asunto. No fue así en el caso de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa —que hasta ayer siguieron beneficiándose del tercer grado pues el juzgado se lo mantuvo a la espera del Supremo—, que solo tenían que volver a prisión a dormir de lunes a jueves. Pero ayer mismo la prisión de Wad Ras (Barcelona), en la que cumple condena Forcadell, y la de Puig de les Basses (Gerona), donde está Bassa, recibieron la notificación oficial del Supremo que aborta sus terceros grados. Inmediatamente les avisaron de que debían reingresar en prisión.

Para mostrar su rechazo a la resolución del Supremo, y en apoyo de Forcadell y Bassa, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) convocó once marchas motoras con destino a ambos centros penitenciarios . En algunas, quebrando el confinamiento perimetral municipal vigente para prevenir contagios de coronavirus.

La iniciativa de la ANC fue tal vez la más visible de un independentismo que ayer, como si echase mano de un argumentario compartido predefinido, coincidió en tildar de «venganza» la resolución. «El Supremo persiste en la sed de venganza», acusó el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès . De «pura venganza» habló el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent , y a la «venganza» se refirió también la CUP. Incluso Unidas Podemos, a través de Jaume Asens , el más afín de los comunes al secesionismo: «Esto no es un acto de justicia, sino de venganza». El PSC se limitó a decir que respeta la resolución.

El pronunciamiento del Supremo acaba con cinco meses de una «semilibertad» que la Generalitat entregó a los presos a través del 100.2, concedido a cada uno en momentos diferentes pero todos en los dos primeros meses del año. La pandemia y el confinamiento, sin embargo, dieron al traste con unos planes iniciales de las cárceles catalanas y de la Generalitat que luego avalaron los jueces de vigilancia penitenciaria pese a la oposición de la Fiscalía. La Consejería de Justicia buscó la manera de que los presos, ya con el 100.2, pudiesen confinarse en sus casas . Pero esa pretensión hizo saltar las alarmas en el Supremo, que avisó de que actuaría contra los funcionarios de las prisiones catalanas que apoyasen ese confinamiento domiciliario ya que podrían incurrir en un delito de prevaricación. En julio, la Generalitat dio un paso más y concedió a los presos el tercer grado, que les permitía dormir en prisión solo de lunes a jueves. A finales del mismo mes la justicia se lo suspendió a siete de ellos como medida cautelar. Hasta ahora se libraron Forcadell y Bassa, pero ayer también tuvieron que reingresar en prisión.